87 líderes sociales asesinados en el primer semestre de 2024
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, presentó una alarmante radiografía sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, con especial énfasis en los líderes y lideresas sociales, una población particularmente afectada por la violencia en el país.
Durante su intervención, Cabello dio a conocer cifras que evidencian un grave deterioro en la protección de los defensores de derechos humanos, quienes enfrentan amenazas constantes, homicidios y la falta de garantías para continuar su labor. Entre las cifras más impactantes se encuentran los 87 líderes sociales asesinados durante el primer semestre de 2024, además de 91 amenazas documentadas contra esta población.
Una de las principales herramientas desarrolladas por la Procuraduría para abordar esta crisis es el Índice de Protección y Riesgo de los Líderes y Lideresas Sociales (IPRA), que mide el grado de riesgo al que se enfrentan en sus respectivos territorios. Según los datos recopilados por esta herramienta, los departamentos más peligrosos para los defensores de derechos humanos son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Arauca, regiones que registran el mayor número de homicidios en contra de esta población.
Violencia en el norte del Cauca y otras regiones críticas
Durante su presentación, la procuradora Cabello también destacó la situación en el norte del Cauca, una de las regiones más afectadas por la violencia sistemática contra los líderes sociales. En esta área, los grupos armados ilegales imponen su control sobre las comunidades, generando desplazamientos forzados, confinamientos y violaciones al derecho internacional humanitario. La crisis humanitaria en esta región ha sido descrita como estructural y prolongada, lo que refleja una falta de soluciones a largo plazo por parte del Estado.
Además del norte del Cauca, Cabello mencionó la grave situación de seguridad en el Chocó, una región con una alta presencia de comunidades afrodescendientes e indígenas que han sido afectadas por siete paros armados en lo que va del año. Estos bloqueos, llevados a cabo por grupos armados ilegales, han restringido la movilidad de las comunidades y han exacerbado la crisis humanitaria en la región.


















