Cabal demandó nulidad del día cívico decretado por Petro: desviación de poder y abuso de autoridad
La precandidata presidencial argumenta que el decreto constituye una desviación de poder, al utilizar recursos públicos para beneficio político, y viola la imparcialidad estatal al presionar a funcionarios a participar en manifestaciones.
María Fernanda Cabal lanzó una dura ofensiva contra el presidente Gustavo Petro a quien acusa de utilizar descaradamente el poder para presionar a los colombianos a respaldar su fallida agenda política. En un acto de resistencia, radicó una demanda de nulidad contra el decreto que impone el 18 de marzo como día cívico, una jugada que califica de «burda manipulación estatal».
«Esto no es un día cívico, es un montaje político financiado con recursos públicos», denunció Cabal a través de su cuenta de X. «Aquí hay desviación y abuso de poder, presión a funcionarios públicos para que salgan a marchar en apoyo al gobierno Petro». La precandidata presidencial señaló que el derecho a la protesta es voluntario, no una orden estatal disfrazada de medida administrativa.
Los argumentos jurídicos de la demanda
La acción legal radicada por Cabal se fundamenta en varios puntos clave:
- Desviación de poder: la declaración del día cívico no responde a un propósito de interés general, sino que busca favorecer una agenda política y presionar a funcionarios públicos para que participen en movilizaciones de apoyo al gobierno.
- Falsa motivación: el decreto se ampara en normas de orden público, cuando en realidad su intención es asegurar respaldo a las reformas promovidas por Petro.
- Violación de la imparcialidad administrativa: el uso de recursos y estructuras del Estado para beneficio de un gobierno o partido político atenta contra la neutralidad que deben mantener las instituciones públicas.
- Impacto económico: la medida implica un gasto adicional para el Estado, ya que los empleados públicos que dejen de trabajar este 18 de marzo seguirán recibiendo su salario sin que exista una razón de peso que justifique la interrupción de sus labores.
El uso político del día cívico: una estrategia de presión al Congreso
Desde la oposición han calificado la decisión de Petro como una maniobra para presionar al Congreso en un momento en el que sus reformas sociales enfrentan obstáculos legislativos. Al declarar un día cívico, el gobierno busca garantizar la participación masiva de servidores públicos en las marchas convocadas en apoyo a su agenda.
Diversos sectores políticos y económicos han manifestado su preocupación por el precedente que podría sentar esta medida. «Es un uso indebido del poder presidencial para forzar una narrativa de apoyo popular cuando el país enfrenta una crisis económica y social que requiere soluciones reales, no espectáculos políticos», señaló un analista político consultado.
Reacciones y llamados a organismos de control
María Fernanda Cabal ha instado a los organismos de control a vigilar de cerca la decisión del gobierno y a garantizar que no se incurra en violaciones a la ley. «Que la justicia opere», reclamó la senadora en su declaración, insistiendo en que los funcionarios públicos no deben ser obligados a participar en actividades de carácter político.
Por su parte, el gobierno defiende la medida, argumentando que busca promover la participación ciudadana y generar un diálogo social en torno a las reformas estructurales que propone Petro. Sin embargo, la oposición insiste en que se trata de una medida arbitraria que atenta contra la independencia de las instituciones y el principio de imparcialidad del Estado.
A medida que avance el proceso judicial, esta demanda podría convertirse en un nuevo punto de fricción entre el Ejecutivo y la oposición, reafirmando a María Fernanda Cabal como una de las principales figuras en la contienda política de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
