¡Avión pa’ la bodega! Petro convierte a la Policía en aerolínea privada
La senadora María Fernanda Cabal denunció que aeronaves de la Policía estarían siendo utilizadas para transportar funcionarios y comunicadores afines al Ejecutivo, en medio de recortes que afectan la operatividad policial
Mientras policías heridos en combate esperan evacuación en zonas de guerra y helicópteros permanecen varados por falta de mantenimiento, el presidente Gustavo Petro y su séquito de aduladores viajan sabroso por el país, montados en aeronaves de la Policía Nacional como si fueran parte de una agencia de viajes VIP del “socialismo del siglo XXI”. Así lo revela una grave investigación de la senadora María Fernanda Cabal, quien destapó lo que podría ser uno de los escándalos más descarados del uso politiquero y corrupto de recursos públicos en este gobierno.
Desde que Petro asumió el poder, la Policía ha firmado 13 convenios interadministrativos con distintas entidades del Ejecutivo para el uso de sus aeronaves, por un total de $34.438.899.998. Pero no se trata de operativos contra el crimen, rescates humanitarios ni transporte de tropas: se trata de bodegueros, influencers pagos y funcionarios que celebran cada fracaso como si fuera una conquista revolucionaria.
“Este Gobierno convirtió a la Policía en su aerolínea privada para mover a sus aplaudidores mientras deja morir a quienes sí protegen al país”, denunció la senadora Cabal.
¿La Policía al servicio del aplauso?
Los datos revelados son tan obscenos como indignantes. A lo largo de estos tres años, el gobierno Petro ha aumentado su gasto en vuelos con aviones de la Policía, pasando de $2.625 millones en 2022, a más de $14.112 millones en 2023, y $9.701 millones en lo corrido de 2024. Para 2025, ya tienen amarrados $8.000 millones más.
Uno de los casos más descarados fue el vuelo operado en marzo de 2024 desde Bogotá hacia Barranquilla con 30 pasajeros, entre ellos, según la denuncia, varios miembros de la “bodega digital”. ¿La razón del viaje? Asistir al cabildo abierto con Gustavo Petro. ¿Costo del vuelo? $93.817.699. ¿El operador? La Policía Nacional. ¿El resultado? Una bofetada en la cara de los colombianos de bien.
Este no fue un caso aislado. Se trata de una práctica sistemática donde los recursos operacionales de la Policía se usan para fines políticos, disfrazados de logística institucional. La senadora no duda en calificar esto como lo que es: corrupción con todas sus letras.
La hipocresía del discurso “pacífico”
El presidente Petro y sus ministros no se cansan de hablar de paz, justicia social y austeridad. Pero mientras venden discursos populistas y repiten mantras ideológicos, el presupuesto para el mantenimiento de la flota aérea de la Policía ha sido mutilado sin piedad. En 2003 se contaba con más de $103 mil millones para este rubro. En 2025, esa cifra caerá a $10 mil millones. El resultado ya se siente: 28 aeronaves están en tierra, inservibles, mientras los criminales avanzan y las comunidades claman por ayuda.
“¿Quién responde por los policías abandonados en las selvas? ¿Por los soldados que mueren sin apoyo aéreo? ¿Por las poblaciones que quedan a merced de las disidencias porque el helicóptero está dañado y no hay repuestos?”, preguntó Cabal.
Pero para la bodega sí hay avión. Para las arengas sí hay plata. Para la propaganda sí hay convenios. El descaro es absoluto.
Estado secuestrado
Lo que está ocurriendo con la Policía Nacional es la captura descarada del aparato institucional al servicio del partido de gobierno. Los convenios revelados por Cabal no son un simple uso indebido: son parte de una maquinaria propagandística financiada con dinero de los colombianos, usada para sostener una narrativa oficialista ante un país que se hunde en inseguridad, hambre y desempleo.
Mientras los helicópteros no despegan para salvar vidas, el petrismo sigue montando su show itinerante, con aplausos, arengas, arengadores pagos y periodistas comprados, todos con tiquete de primera clase… pagado por usted.
¿Y los organismos de control?
Hasta ahora, ni la Contraloría ni la Procuraduría ni la Fiscalía se han pronunciado sobre estas revelaciones. El silencio institucional es cómplice. ¿A qué esperan? ¿A que haya un nuevo escándalo tipo UNGRD para fingir sorpresa? Este caso no solo amerita sanciones administrativas: puede configurar un delito contra la administración pública, con uso indebido de recursos, prevaricato por omisión, y favorecimiento indebido.
Colombia no aguanta más hipocresías. El país real no es el de las giras alegres de Petro ni el de los videos editados por la bodega en TikTok. El país real es el que entierra policías abandonados por el Estado. Es el de las familias que sufren sin protección en los territorios. Es el de los contribuyentes que pagan impuestos para que los aviones del Estado se usen para la defensa, no para el espectáculo político.
