Procuraduría asume caso de alcalde de Palestina por violencia familiar
La Procuraduría General de la Nación designó una agencia especial a través de la Procuraduría 271 Judicial Penal de Bogotá para ejercer la representación del Ministerio Público ante la Fiscalía 5 Local de Pitalito en el caso penal que enfrenta Juan Diego Pineda, alcalde del municipio de Palestina, Huila, por presunto delito de violencia intrafamiliar.
La medida se toma en respuesta a la denuncia interpuesta por la esposa del funcionario, quien asegura haber sufrido continuos abusos físicos que, según su relato, resultaron en la pérdida del bebé que esperaba.
El caso ha generado gran conmoción, ya que la denunciante asegura que no solo ella ha sido víctima de agresiones, sino también su madre e hijo, quienes habrían sido objeto de violencia por parte de Pineda. La mujer también ha señalado un presunto encubrimiento de las agresiones por parte de funcionarios cercanos al alcalde, lo cual, según ella, ha agravado su situación al quedar desprotegida frente a las amenazas.
Además, la esposa del alcalde asegura no haber recibido ningún tipo de apoyo de las autoridades locales, incluyendo la Policía Nacional y las oficinas de la Mujer tanto del municipio de Palestina como de la Gobernación del Huila, lo que plantea cuestionamientos sobre la falta de atención y respuesta institucional en los casos de violencia intrafamiliar en la región.
Con la designación de la agencia especial, la Procuraduría asume un papel activo en el seguimiento del caso, comprometiéndose a velar por los derechos de la denunciante y asegurar que la investigación avance con transparencia y rigor. La entidad busca con esta medida reafirmar su compromiso de lucha contra la impunidad en casos de violencia de género, especialmente cuando se trata de figuras de autoridad que, en lugar de brindar protección, se ven implicadas en actos de agresión contra sus propios familiares.
El proceso penal contra el alcalde Pineda sigue su curso en la Fiscalía, mientras crece la expectativa en la opinión pública sobre los resultados que arrojará la intervención de la Procuraduría. Este caso pone nuevamente en evidencia los desafíos que enfrenta el país para garantizar la protección efectiva de las víctimas de violencia intrafamiliar, y subraya la necesidad de que las instituciones asuman un rol proactivo en la defensa de los derechos humanos, especialmente en zonas rurales donde la presencia del Estado es débil o ineficiente.
