Farc reconocen ante la JEP atentados y masacres en Bogotá y Cundinamarca
Durante ocho días de audiencia, 14 exintegrantes de las Farc, entre ellos ‘Timochenko’ y ‘Carlos Antonio Lozada’, aceptaron crímenes no amnistiables como el atentado al Club El Nogal, ataques con rockets en Bogotá y atentados contra Germán Vargas Lleras.
Una verdad desgarradora volvió a salir a flote esta semana en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): 14 exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas Farc-EP, entre ellos antiguos miembros del Secretariado como Rodrigo Londoño (‘Timochenko’) y Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’), rindieron su versión voluntaria sobre los crímenes más brutales cometidos por esa estructura guerrillera en Bogotá y Cundinamarca.
Durante ocho intensos días de audiencia (del 19 al 28 de mayo), los excomandantes fueron confrontados con las verdades que por décadas las víctimas exigieron conocer: homicidios selectivos, masacres, atentados terroristas y tomas guerrilleras que dejaron un rastro de muerte, miedo y destrucción.
Uno de los momentos más relevantes fue la admisión de responsabilidad por el atentado al Club El Nogal en 2003, uno de los actos terroristas más dolorosos de la historia reciente de Colombia. En ese ataque con carro bomba, ejecutado en pleno norte de Bogotá, murieron 33 personas y otras 198 resultaron heridas. Varios de los comparecientes aceptaron que ese crimen fue deliberado, planificado y ejecutado con conocimiento de que afectaría a civiles.
También reconocieron que en 2002 intentaron asesinar al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez con el lanzamiento de rockets desde un edificio en Bogotá. Aunque Uribe salió ileso, 27 personas murieron, muchas en situación de calle, y 69 resultaron heridas. La admisión de este hecho revela el nivel de brutalidad de una guerra sin reglas, donde los civiles fueron carne de cañón.
En otra confesión escalofriante, los exintegrantes de las Farc-EP aceptaron su responsabilidad en dos atentados contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, perpetrados por la Red Urbana Antonio Nariño: uno en diciembre de 2002, cuando un libro bomba le causó graves heridas, y otro en octubre de 2005, cuando un carro bomba estalló dejando 9 personas heridas.
La audiencia también sirvió para reconocer otros hechos atroces, como la bomba oculta en una bicicleta en el barrio Fátima en 2002, que mató a una niña y a su madre, e hirió a 28 policías. Igualmente, los comparecientes aceptaron su responsabilidad en la masacre de trabajadores de la Asociación de Municipios de Cundinamarca, crimen perpetrado por el Frente Policarpa Salavarrieta.
Los exguerrilleros presentaron mapas y maquetas para explicar las tomas armadas que realizaron en municipios de Cundinamarca como Fosca, Sueva, Chiguaní, Venecia, Quipile, Puli y La Palma, así como los fallidos intentos en Cabrera y Gutiérrez. Cada toma dejó secuelas profundas: asesinatos, destrucción de bienes públicos, desplazamientos forzados y un temor paralizante entre la población civil.
Las versiones voluntarias se entregaron en el marco del Caso 10 de la JEP, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las Farc-EP. Este caso se centra en los hechos más graves y representativos de violencia contra la población civil en regiones estratégicas para la antigua guerrilla.
Aunque las sesiones se realizaron con reserva parcial para proteger la intimidad de las 66 víctimas que participaron virtualmente, sus abogados hicieron preguntas en tiempo real, exigiendo claridad, responsabilidad y reparación por parte de los comparecientes.
La JEP ha anunciado que esta fue solo la primera etapa de versiones en el marco del Caso 10. En los próximos meses se convocará a excombatientes que operaron en zonas como Meta, Arauca, Boyacá, Casanare, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés, con el objetivo de establecer un panorama nacional sobre los crímenes cometidos por el Bloque Oriental.
Una vez terminadas las versiones, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP trasladará lo dicho a las víctimas, quienes podrán hacer observaciones. Posteriormente, se contrastarán estas declaraciones con informes de la sociedad civil, la Fiscalía y otras entidades, con el fin de determinar la cadena de mando, los máximos responsables y la dimensión del daño colectivo.
La comparecencia de ‘Timochenko’, ‘Carlos Antonio Lozada’ y otros altos mandos ante la justicia transicional no es un acto menor. La verdad que empiece a construirse a partir de estos hechos tendrá un impacto profundo no solo en las víctimas directas, sino en una sociedad que todavía carga las cicatrices de una guerra que no fue solo entre armas, sino contra la vida, la dignidad y la humanidad.
Ahora, la pregunta inevitable es: ¿vendrá la justicia tras la verdad? La sociedad colombiana espera que sí.
