Varios municipios del departamento están bajo amenaza de grupos armados ilegales que restringen la movilidad fluvial. La Defensoría exige acciones urgentes del Gobierno Nacional.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta pública por la imposición de un paro armado en varias zonas del departamento del Caquetá, promovido por el autodenominado frente Carolina Ramírez, una de las estructuras del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Según advirtió la entidad, a través de un audio que circula entre las comunidades de la región, el grupo ilegal anunció la restricción total a la movilidad por los ríos Caguán y Caquetá.

Este tipo de acciones representan una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), al afectar de manera directa a la población civil, generar temor colectivo y limitar sus derechos fundamentales, especialmente el de libre circulación, destacó la Defensoría. La situación ha puesto en alerta a los habitantes de los municipios de Solano, Solita, Cartagena del Chairá, Curillo, La Montañita y Puerto Rico, donde ya se reportan impactos en la dinámica social, económica y comunitaria.

“Estos hechos son inaceptables y constituyen una amenaza directa a la vida, la libertad y la integridad de las personas que habitan estos territorios. La población civil no puede ser usada como escudo ni verse forzada a obedecer normas impuestas por actores armados ilegales”, señaló la Defensoría en su pronunciamiento.

Ante este panorama, el organismo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades militares, judiciales y civiles para que se desplieguen acciones concretas que permitan garantizar los derechos fundamentales de los habitantes afectados, especialmente en zonas rurales de difícil acceso donde la presencia del Estado es limitada o inexistente.

La Defensoría también insistió en la necesidad de fortalecer la institucionalidad en el territorio, no únicamente con una respuesta militar, sino con la implementación efectiva de los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016. En este sentido, subrayó la urgencia de activar programas de desarrollo integral que apunten a reducir las brechas sociales, económicas y de seguridad en el departamento.

“La Defensoría del Pueblo activó sus rutas de atención y seguimiento. Continuaremos acompañando a las comunidades afectadas, visibilizando las denuncias y promoviendo acciones para proteger sus derechos”, aseguró la entidad, al reiterar su compromiso con el monitoreo constante de la situación en el sur del país.

Las restricciones impuestas por el frente Carolina Ramírez no solo han afectado el transporte de personas y mercancías en los ríos —únicas vías de comunicación para muchas veredas—, sino que también han interrumpido actividades productivas y escolares. En algunos municipios, se reportan casos de confinamiento voluntario de comunidades enteras, ante el miedo de posibles represalias.

La alerta se suma a otras recientes advertencias de la Defensoría en departamentos como Nariño, Cauca y Arauca, donde el accionar de estructuras disidentes ha crecido en los últimos meses. Según fuentes oficiales, el Estado Mayor Central de las disidencias, que se marginó del proceso de paz, mantiene una expansión armada sostenida en varios corredores estratégicos del sur del país, disputando control territorial a otras organizaciones criminales.

Mientras tanto, las comunidades del Caquetá piden respuestas urgentes. Líderes sociales y defensores de derechos humanos han solicitado acompañamiento humanitario y garantías de seguridad para retornar a sus actividades cotidianas sin el temor de ser blanco de los grupos armados.

En medio del recrudecimiento del conflicto, la Defensoría reiteró la necesidad de que cualquier eventual proceso de diálogo o sometimiento a la justicia contemple el respeto absoluto por el DIH, así como mecanismos eficaces de protección para las poblaciones vulnerables. Por ahora, la situación en el Caquetá sigue siendo motivo de preocupación nacional.

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