En Colombia es mejor ser sicario que estudiante: la investigación de Cabal que destapa el oscuro negocio de la “paz total”
La senadora y aspirante presidencial María Fernanda Cabal denunció con cifras oficiales el desvío de recursos que favorecen a menores delincuentes y extranjeros, mientras se castiga el esfuerzo académico de miles de jóvenes colombianos.
Una nueva denuncia con alto calibre político y social sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro. La senadora María Fernanda Cabal, reconocida por su postura firme y crítica, reveló los números ocultos detrás del programa “Jóvenes en Paz”, una de las banderas del actual gobierno para promover la “paz total”, pero que, según la congresista, se ha convertido en un subsidio disfrazado para criminales.
Bajo el lema #PagarPorNoMatar, Cabal expuso que 14.870 jóvenes han recibido millonarias transferencias del Estado para abandonar las estructuras delincuenciales, entre ellos 4365 menores de edad de entre 14 y 17 años, a quienes se les giraron más de 16.000 millones de pesos. Además, 232 jóvenes extranjeros —muchos sin arraigo legal ni antecedentes claros— recibieron más de 1000 millones de pesos del erario.
“En lugar de fortalecer la educación, se premia al delito. En lugar de subsidiar el esfuerzo, se incentiva el crimen”, sentenció Cabal, quien alertó que el incentivo perverso de pagar por no matar no solo no reduce la violencia, sino que la perpetúa y la institucionaliza.
El caso del atentado contra el senador Miguel Uribe es un botón de muestra. Según la investigación de Cabal, el sicario involucrado en el ataque habría sido beneficiario del programa “Jóvenes en Paz”, lo que demuestra —según sus palabras— que el modelo fracasa en su promesa de redención y se convierte en un subsidio para reincidir.
Más dinero para criminales que para estudiantes
El contraste que plantea la senadora Cabal es alarmante. Mientras al programa “Jóvenes en Paz” se le destinaron 566.000 millones de pesos en 2024, al Icetex —la entidad que permite el acceso a la educación superior de miles de estudiantes de escasos recursos— apenas se le asignaron $432.000 millones.
“Hoy en Colombia tiene más oportunidades un sicario que un estudiante. Es más rentable delinquir que estudiar. Eso es lo que está sembrando Petro”, dijo con contundencia Cabal, calificando el modelo como un atentado directo contra el mérito, la ley y el orden.
Funcionamiento antes que resultados
Lejos de priorizar la entrega directa de incentivos para la transformación real de los beneficiarios, el programa se ha convertido en una pesada estructura burocrática. Según la senadora, entre agosto de 2024 y abril de 2025, se destinaron 137.000 millones de pesos solamente para el funcionamiento administrativo del programa.
Dentro de ese presupuesto, $91.000 millones se destinaron a equipos de acompañamiento juvenil, y más de $33.000 millones ya fueron ejecutados sin que haya evidencia concreta de una reducción en los índices de violencia juvenil.
Además, el Departamento de Prosperidad Social, que hasta hace poco estuvo bajo el mando de Gustavo Bolívar —otro alfil del petrismo—, giró 60.000 millones de pesos entre mayo de 2024 y abril de 2025 para estos fines. “Están gastando más en mantener la burocracia que en cumplir con la promesa de pagar por no matar. Es un negocio para los burócratas de la paz”, denunció Cabal.
Un modelo que perpetúa la violencia
Para la aspirante presidencial, este programa no es una política pública de transformación, sino una herramienta ideológica con fines clientelistas y populistas. Lejos de ofrecer salidas estructurales a la violencia juvenil, el Estado está institucionalizando la impunidad y desmoralizando a quienes optan por el camino del esfuerzo y el estudio.
“Esto no es inclusión social, es complicidad con el delito. Esto no es paz, es caos. Petro no gobierna con justicia sino con miedo y chequera”, sentenció Cabal, dejando claro que su campaña presidencial confrontará con dureza lo que considera el mayor engaño social del actual gobierno.
La senadora finalizó su intervención exigiendo una auditoría integral al programa, una rendición de cuentas pública por parte del DPS y el Ministerio de la Igualdad, y un giro urgente en la política de inversión social.
