«El proceso contra Uribe es un burdo montaje»: 38 juristas denuncian lawfare en Colombia
Juristas de reconocida trayectoria aseguran que el caso contra el expresidente carece de pruebas y representa el ejemplo más alarmante de persecución judicial en el país.
A pocos días de que se conozca un fallo clave en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, 38 exmagistrados y juristas de alto perfil firmaron una carta en la que afirman, con contundencia, que el juicio por presunto soborno a testigos constituye un «burdo montaje» y un ejemplo paradigmático de lawfare o guerra jurídica en Colombia.
Según el documento, el proceso no se sustenta en pruebas materiales sino en testimonios «mendaces y contradictorios» de personajes con antecedentes criminales, como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, cuyas declaraciones, según los juristas, han sido utilizadas para construir una narrativa judicial sin fundamento legal. En palabras del documento, se trata de «una campaña de descrédito urdida por los adversarios y detractores políticos del expresidente, y cohonestada por una Fiscalía militante».
Lawfare, una amenaza para la democracia
El pronunciamiento se enmarca en el contexto más amplio del fenómeno de lawfare, que ha cobrado protagonismo en América Latina como una herramienta para judicializar la política y acorralar a ciertos líderes a través de procesos judiciales sin sustento. En este caso específico, los juristas sostienen que el proceso contra Uribe es el ejemplo más claro de este fenómeno en Colombia, alertando sobre sus efectos destructivos para la independencia judicial, la democracia y el Estado de Derecho.
«Uribe ha enfrentado múltiples investigaciones dentro de una narrativa mediática construida para vincularlo con el paramilitarismo, sin que esas acusaciones hayan sido sustentadas con pruebas contundentes», advierten los firmantes. Además, acusan al sistema judicial de haber permitido interceptaciones ilegales, la filtración de información reservada a medios de comunicación y la utilización de grabaciones de conversaciones confidenciales entre el expresidente y sus abogados, violando principios básicos del debido proceso.
Fallas graves en el proceso
Entre las irregularidades más graves denunciadas se encuentra una interceptación telefónica supuestamente ordenada por «error» en 2018, que fue prolongada de forma ilegal por más de un mes. A pesar de que los operadores judiciales detectaron el error, las escuchas continuaron, afectando incluso las comunicaciones privadas entre Uribe y su defensa.
También se señala que la Fiscalía utilizó como pruebas grabaciones de esas conversaciones, en clara violación al derecho a la defensa técnica y a la confidencialidad de la relación abogado-cliente. A esto se suma la filtración selectiva de información procesal a medios y redes sociales, lo que —según los juristas— buscaba «condicionar la opinión pública» y generar un juicio mediático anticipado.
“Se vulneró la presunción de inocencia. Se trató de una operación sistemática para destruir su imagen ante el país y ante la justicia”, sostiene la carta, que plantea que todo el proceso ha sido un atentado contra los principios constitucionales que deben regir un juicio justo.
Reacciones políticas
La misiva no tardó en generar reacciones en el ámbito político. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, férrea defensora del expresidente Uribe, publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que denunció que «el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se convirtió en una persecución política disfrazada de legalidad».
“Sin pruebas sólidas, con testigos cuestionables y violaciones al debido proceso, se busca manchar su nombre. Interceptaciones ilegales, filtraciones a medios y prejuzgamiento han vulnerado la inocencia. Exigimos JUSTICIA, no fallos políticos”, expresó Cabal, en un mensaje que recoge el sentir de un amplio sector del uribismo.
Un fallo que marcará el rumbo institucional
Los firmantes, entre quienes se encuentran exmagistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y expertos en derecho constitucional, coinciden en que el caso Uribe “es el mayor desafío que enfrenta hoy el sistema judicial colombiano”. A su juicio, permitir que prospere un proceso plagado de irregularidades sería convalidar la utilización del derecho como arma política.
Por ello, hacen un llamado a que los jueces encargados de fallar lo hagan «estrictamente con base en el derecho, ajenos a toda forma de polarización política», y que se recupere la confianza en una justicia imparcial, técnica e independiente.
