El reloj comenzó a correr para definir si la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro logrará el mínimo de participación requerido para ser válida.

Aunque aún no se han dado a conocer las preguntas exactas, la oposición ya ha comenzado a organizarse para promover la abstención como estrategia para impedir que el proceso alcance el umbral necesario.

El reto del umbral de participación

Según cálculos preliminares, se requieren al menos 14 millones de votantes, de los cuales cerca de 7 millones deben votar afirmativamente en cada pregunta para que la consulta tenga efectos legales. Si no se alcanza esta cifra, el mecanismo carecerá de validez y representará un revés para el Gobierno.

Más que un mecanismo de participación, la consulta es vista como un último recurso para impulsar la reforma laboral y medir el respaldo a otras iniciativas clave, como la reforma a la salud. Además, su resultado podría ser un termómetro del apoyo a la izquierda en el poder y su aceptación entre los ciudadanos.

Si la consulta no alcanza el umbral mínimo, la estrategia de Petro quedará en entredicho, debilitando su capacidad para avanzar con reformas en el Congreso. Mientras tanto, en la Casa de Nariño intentan calcular hasta dónde pueden llegar con esta jugada política.

La oposición se moviliza y define su estrategia

A pesar de que aún no se conocen las preguntas, la oposición ya ha comenzado a organizarse para promover la abstención como estrategia para frenar el proceso.

“La mejor estrategia no es votar por el ‘no’, sino no participar. Si la consulta no llega al umbral, no será válida”, han señalado sectores contrarios al Gobierno.

Por su parte, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, criticó a quienes ya han manifestado su rechazo a la iniciativa sin siquiera conocer su contenido. “Nos han dicho que van a hundirla sin saber cuáles serán las preguntas: Esto deja claro que algunos congresistas no representan a la ciudadanía en su lucha por mejores derechos laborales”, afirmó.

Hasta ahora, el presidente Petro solo ha adelantado una de las preguntas que incluiría el eventual cuestionario: “¿Está de acuerdo en que la jornada laboral termine a las 6:00 p.m.?” Según explicó el mandatario, la intención es que todo trabajo después de esa hora, así como los realizados los fines de semana, sea remunerado con recargos adicionales.

La gran incógnita es si el Gobierno logrará movilizar a suficientes votantes para que su apuesta política prospere o si, por el contrario, la estrategia opositora de desmovilización terminará por imponerse.

Trámite de la consulta popular en el Senado

La consulta popular debe ser presentada mediante un documento que justifique su necesidad. Este será remitido al Senado, que determinará si la iniciativa sigue adelante. Una vez radicado, la corporación tendrá un plazo de 30 días para decidir su viabilidad legislativa.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció en entrevista con La FM que la propuesta llegará a la plenaria del Senado en los primeros días de abril, momento en el que comenzará el debate sobre su viabilidad.

Benedetti también detalló que la consulta popular incluirá preguntas sencillas, entre 10 y 12, con opciones de respuesta de «Sí» o «No». Como ejemplo, mencionó una posible pregunta: “¿Está de acuerdo con que la jornada nocturna comience a las 6:00 de la tarde?”.

Cabe destacar que Juan Fernando Cristo, en días pasados, reveló que el Gobierno ya tiene un borrador con las posibles preguntas para la consulta popular.

El exministro señaló que estas incluyen temas como el pago adicional por trabajo dominical, la estabilidad laboral en Colombia y el recargo nocturno. También abarcan la formalización laboral de madres cabeza de familia, la remuneración del año rural para médicos en formación y los contratos de aprendizaje de los estudiantes del SENA, entre otros aspectos clave.

Cálculos preliminares indican que alrededor de 36 congresistas respaldarían el proyecto, aún lejos de los 50 votos necesarios para su aprobación. El ministro del Interior, Armando Benedetti, continúa gestionando apoyos y confía en asegurar los votos requeridos cuando la iniciativa llegue a la Cámara Alta en dos o tres semanas.

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