Consejo de Estado ordena a Petro cesar transmisiones de consejos de ministros en canales privados
El alto tribunal concluyó que el uso de estos espacios vulnera la pluralidad informativa y restringió su emisión a canales públicos como Señal Colombia y Canal Institucional.
En un fallo que marca un precedente en materia de pluralismo mediático, el Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de transmitir los consejos de ministros a través de canales privados, regionales y locales, sin importar el horario. A partir de ahora, dichas transmisiones solo podrán realizarse en los canales públicos del Estado, como Señal Colombia y el Canal Institucional.
La decisión se sustenta en la protección de la pluralidad informativa y el respeto a las garantías democráticas que exige la Constitución. Según el alto tribunal, la presencia constante del presidente en múltiples franjas de televisión privada con discursos institucionales unilaterales puede desequilibrar el acceso a la información y perjudicar el debate público.
“La transmisión de estos consejos de ministros en canales privados limita la posibilidad de los ciudadanos de recibir información diversa y afecta el principio de neutralidad informativa que debe regir la función pública de comunicación”, señala la providencia del Consejo de Estado.
La medida responde a una demanda instaurada con el fin de frenar el uso reiterado de espacios de televisión comercial por parte del Gobierno nacional para difundir este tipo de eventos oficiales. Aunque la decisión no hace alusión directa a ninguna figura política, lo cierto es que desde el Congreso varios sectores venían cuestionando el uso de estos espacios por parte del Ejecutivo.
Uno de los pronunciamientos más reiterativos fue el de la senadora María Fernanda Cabal, quien en reiteradas ocasiones expresó su preocupación por lo que consideró una instrumentalización de los medios para difundir propaganda oficialista. En junio de 2023, la congresista había solicitado al mismo Consejo de Estado estudiar posibles restricciones a estas transmisiones, advirtiendo sobre su impacto en el equilibrio informativo y el uso de recursos públicos para fines políticos.
Desde el Gobierno aún no se ha emitido un pronunciamiento formal tras el fallo, pero se espera que las transmisiones futuras de este tipo de eventos se limiten estrictamente a los canales públicos, como lo ordenó la justicia.
La decisión también reabre el debate sobre los límites entre la comunicación institucional y la propaganda gubernamental, especialmente en contextos donde el Ejecutivo acapara grandes espacios informativos y se diluye la diferencia entre mensaje oficial y mensaje político.
