Gobierno Petro anticipa $7,38 billones en recaudo con autorretención y no descarta más impuestos por emergencia sanitaria
El director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, explicó que la medida aplica a 400 actividades económicas y busca adelantar el pago de tributos que se cobrarían en 2026. Sectores empresariales advierten sobre su impacto y temen una nueva oleada de impuestos.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza con nuevos ajustes tributarios que han generado preocupación en el sector empresarial. Esta semana, el Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto que modifica las tarifas de autorretención en la fuente y eleva las bases mínimas sobre las cuales se practica este mecanismo, lo que equivale a un recaudo anticipado de impuestos.
La medida, impulsada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ha sido defendida por su director, Luis Eduardo Llinás, quien detalló en entrevista con el diario El Tiempo que se espera recaudar $7,38 billones bajo este nuevo esquema. Según explicó, “serán 400 actividades las que estarán sometidas a este mecanismo”.
Este anuncio se da en un contexto fiscal desafiante para el Ejecutivo, que busca alternativas para sostener el gasto público tras una caída en el recaudo tributario durante los primeros meses de 2025. Llinás señaló que la decisión se orienta hacia las grandes compañías, ya que “hay un margen para que estas empresas nos puedan adelantar parte de los tributos que van a pagar en 2026”.
El funcionario también aclaró que algunos sectores quedarán excluidos del nuevo esquema, entre ellos el financiero —que, según sus palabras, “ya viene con una estrechez importante”—, así como el transporte fluvial y aéreo de pasajeros. La medida también excluye actividades particularmente vulnerables en el actual contexto económico.
Reacción del sector empresarial
La publicación del decreto ha generado inquietud en los gremios económicos. Desde el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a los principales representantes del empresariado colombiano, se ha elevado una voz de alarma por el impacto que podría tener esta medida sobre el flujo de caja de las empresas.
Los gremios cuestionan que, aunque el Gobierno no está creando un nuevo impuesto, sí estaría presionando a las empresas a adelantar un tributo que, según la ley vigente, debería cancelarse en un período posterior, lo cual afectaría la planeación financiera de muchas compañías. Para algunos sectores, la autorretención obligatoria se convierte en una herramienta de liquidez fiscal de corto plazo que traslada la carga al sector productivo.
¿Hueco fiscal en 2026?
Uno de los puntos que ha generado más dudas entre los analistas es el efecto que tendrá este anticipo sobre el recaudo proyectado para el año 2026. En ese sentido, Llinás admitió que “obviamente se iría a desfinanciar el 2026”, pero sostuvo que el Gobierno trabaja en herramientas complementarias para evitar ese escenario.
“Estamos adoptando unas herramientas que son de corto y mediano plazo para que algunos sectores que no pagan impuestos comiencen a hacerlo. Por ejemplo, las plataformas electrónicas”, indicó, en referencia al proceso de modernización de la DIAN y al fortalecimiento de la fiscalización tributaria.
El Gobierno también confía en una posible reactivación económica que aumente la base gravable, así como en la eventual aprobación de una nueva reforma tributaria, que abriría la puerta a una ampliación de los recursos disponibles.
Impuestos por emergencia sanitaria: ¿vienen más?
Más allá del recaudo por autorretención, otro frente que podría implicar mayores cargas tributarias es la declaratoria de emergencia económica y social que evalúa el presidente Petro para enfrentar la fiebre amarilla y las recientes inundaciones en varias regiones del país.
Consultado sobre este escenario, Llinás afirmó que “es lo más probable porque en una emergencia se necesitan recursos”. Según explicó, no se trata solo de una crisis de salud, sino también de una situación de afectaciones climáticas que obligan al Estado a intervenir con recursos extraordinarios.
“Se necesitan recursos del Gobierno Nacional para sostener este tipo de dificultades”, agregó el director de la DIAN, sin precisar qué tipo de impuestos podría contemplar el Gobierno en caso de que se firme el decreto de emergencia.
Expectativas para 2026 y riesgos externos
Finalmente, Llinás se refirió a los riesgos externos que podrían impactar las metas fiscales del Gobierno, entre ellos las tensiones comerciales con Estados Unidos y el posible ajuste en los aranceles. Sin embargo, sostuvo que, con una combinación de fiscalización, modernización institucional y crecimiento económico, las metas de recaudo podrían cumplirse.
