La decisión se tomó horas después de que el propio Gobierno hubiera asegurado que no extendería el cese al fuego con esa organización armada.

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 0506 de 2025 mediante el cual ordena la suspensión de las operaciones militares ofensivas y de las operaciones especiales de Policía contra integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC-EP, en sus bloques Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte”, “Comandante Jorge Suárez Briceño” y Frente Raúl Reyes.

La medida, que estará vigente hasta el 15 de mayo de 2025, fue anunciada por el mandatario en su cuenta oficial de X (antes Twitter), acompañado de la frase: “Que sea la paz”, generando reacciones encontradas tanto en sectores políticos como entre analistas de seguridad.

El anuncio se produjo tan solo horas después de que el propio Gobierno nacional confirmara públicamente que no ampliaría el cese al fuego bilateral con ese grupo armado, argumentando incumplimientos de lo pactado en las mesas de negociación.

La decisión también coincidió con un hecho violento atribuido al mismo grupo insurgente: un atentado con motobomba en el municipio de La Plata, Huila, que dejó dos jóvenes muertos y al menos 22 personas heridas. El ataque, ocurrido el miércoles en zona urbana, fue condenado por autoridades locales y ha generado fuertes cuestionamientos sobre la eficacia y el momento del decreto presidencial.

Comité especial de evaluación

El decreto presidencial también contempla la creación de un equipo especial de evaluación política, cuya primera sesión fue convocada para el próximo 17 de mayo de 2025. Este comité estará encargado de analizar los resultados del cese de operaciones y de emitir recomendaciones al jefe de Estado sobre la eventual continuidad del proceso.

El equipo estará compuesto por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, un representante del Ministerio de Defensa, un delegado de la Fuerza Pública y miembros de las delegaciones que participan en las negociaciones con el Estado Mayor Central.

Según el texto del decreto, la suspensión de las acciones ofensivas busca «crear condiciones favorables para avanzar en el desarrollo del proceso de paz con el Estado Mayor Central de las FARC-EP».

Reacciones y críticas desde la oposición

Desde la oposición política, las reacciones no se hicieron esperar. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal cuestionó duramente la decisión del Ejecutivo. En una declaración en su cuenta oficial de X, escribió:

“Justo el día que terroristas de las FARC con una motobomba matan a dos jovencitos en el casco urbano del municipio La Plata, en Huila, y dejan a más de 24 personas heridas, Petro, con el cinismo que lo caracteriza, sale con este trino que dice ‘Que sea la paz’ con el decreto que ordena la suspensión de operaciones contra los criminales de una guerrilla que jamás se desmovilizó y menos le interesó la paz”.

Otros sectores del Congreso también manifestaron su preocupación por el momento en el que se expidió el decreto, señalando que podría interpretarse como un mensaje contradictorio en medio de una escalada de acciones violentas por parte de disidencias armadas.

Un escenario de creciente inseguridad

La firma del decreto se da en un contexto de inseguridad creciente en varias regiones del país, particularmente en los departamentos del suroccidente, donde estructuras armadas del Estado Mayor Central han aumentado su presencia y acciones ofensivas. El informe más reciente de la Defensoría del Pueblo da cuenta de al menos 76 hostigamientos armados en lo corrido del año atribuibles a disidencias de las FARC, con énfasis en los departamentos de Cauca, Nariño, Caquetá, Guaviare y Huila.

En varios de estos territorios, alcaldes y gobernadores han solicitado públicamente mayor presencia de la Fuerza Pública, denunciando acciones de control territorial por parte de grupos ilegales, amenazas a líderes sociales y comunidades confinadas.

Un cambio de rumbo frente a lo anunciado

El viraje del Gobierno ha generado interrogantes sobre la estrategia de paz total. El pasado martes, Otty Patiño había afirmado que “no hay condiciones para seguir con el cese al fuego” debido a los reiterados incumplimientos del Estado Mayor Central. Por ello, el nuevo decreto representa un giro inesperado que, de momento, no ha sido explicado detalladamente por el Ejecutivo.

Hasta ahora, la Presidencia no ha emitido declaraciones adicionales, más allá del anuncio publicado por el mandatario en su cuenta personal. Se espera que en las próximas horas, el alto comisionado para la Paz entregue declaraciones públicas sobre los objetivos, condiciones y alcance del nuevo cese de operaciones.

Mientras tanto, la atención nacional permanece centrada en los hechos ocurridos en La Plata, donde autoridades locales declararon tres días de duelo por la muerte de los dos jóvenes, y donde más de una veintena de personas permanecen hospitalizadas tras el atentado.

El país sigue a la espera de claridad sobre el rumbo de las negociaciones con los grupos armados y el balance entre los objetivos de paz y la garantía de seguridad para la población civil.

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