Recomendaciones del BM sobre crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe
Profesores del Pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario destacan aciertos y omisiones del reciente informe del Banco Mundial y llaman a una respuesta integral basada en evidencias frente a la violencia criminal en la región.
Luego de la publicación del informe Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe por parte del Banco Mundial, profesores del Pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario advierten sobre la necesidad de leer sus recomendaciones con cautela y profundidad, evitando que sirvan de justificación para medidas punitivas descontextualizadas.
El informe, con fecha de corte del 10 de abril de 2025, identifica al crimen organizado como uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y social de América Latina. Sin embargo, Samuel Escobar, director del Pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario, cuestiona que el documento omita un análisis crítico del rol que han tenido entidades como el FMI o el mismo Banco Mundial al promover políticas que han generado desigualdades estructurales que alimentan la criminalidad.
“En todo caso, es valioso que el informe reconozca que el éxito de las políticas de ´mano dura´ en materia de seguridad está sujeto a contextos muy particulares y que, en cambio, estas suelen ser contraproducentes, así como problemáticas en materia de derechos humanos. Más aún, el análisis del BM es claro al sostener que cualquier medida resultará insuficiente en tanto la política criminal no pretenda atajar las desigualdades sociales de la región. Por ello es crucial que no se instrumentalice el documento para implementar medidas represivas sin respaldo empírico alguno”, señaló Escobar.
A su juicio, esto va de la mano con uno de los puntos más importantes del informe, que es el llamado a que se generen datos confiables que permitan diseñar políticas públicas eficaces, lo que reafirma la necesidad de profesionales en criminología que contribuyan con análisis rigurosos y contextualizados.
Por su parte, Mercedes Cevallos, directora del eje disciplinar en Investigación Criminal del Pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario, subraya que el fortalecimiento estatal no debe considerarse una condición previa sino una estrategia paralela en la lucha contra el crimen organizado. Enfatiza que “es indispensable mejorar las capacidades investigativas, de priorización y articulación de la policía y los sistemas de justicia, sobre todo en relación con fenómenos complejos como la corrupción, el crimen económico e informático”.
Cevallos también destacó la necesidad de orientar la investigación criminal hacia los aspectos menos visibles del crimen organizado, apoyándose en tecnologías aplicadas que permitan desentrañar estructuras criminales más allá de los indicadores tradicionales como el homicidio.
Ambos académicos coinciden en que el valor del informe radica en abrir el debate sobre cómo construir respuestas integrales y sostenibles frente al crimen organizado, pero alertan sobre los riesgos de una lectura parcial que refuerce discursos simplistas en términos represivos. El llamado es claro: las soluciones duraderas requieren justicia social, datos sólidos y enfoques interdisciplinarios.
Proliferación del crimen organizado en AL: obstáculo para el crecimiento y desarrollo
Cabe señalar que el informe del BM lo elaboró la Oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe de dicha entidad. Sostiene como tesis central que la proliferación del crimen organizado constituye uno de los principales obstáculos para el crecimiento y desarrollo de la región. Lo anterior en tanto el crimen organizado reduce y distorsiona la inversión privada; destruye el capital humano, físico y natural; debilita las instituciones y la calidad del gobierno; y profundiza las desigualdades, indicaron los expertos.
El primer capítulo analiza los cambios que se han presentado en materia económica desde octubre de 2024. Al respecto, se proyecta que América Latina y el Caribe sea la economía de menor crecimiento a nivel mundial con un 2.1 % para 2025 y 2.4 % para 2026. Este es un panorama desalentador marcado por circunstancias antecedentes tales como la persistencia de la inflación, pero que se agrava ante los cambios en el orden internacional.
Particularmente, los recortes a la asistencia externa para el desarrollo, los aranceles impuestos por los Estados Unidos de América y el retorno de migrantes a las economías de los países de la región, constituyen retos que tendrán que abordarse junto a las posibles oportunidades y desigualdades derivadas de la transición a las energías verdes y al uso de la inteligencia artificial en los campos laborales.
El segundo capítulo desarrolla cómo el crimen organizado y la violencia exacerban estos retos en la región. De acuerdo con el informe, el crimen organizado en América Latina y el Caribe se caracteriza por el control territorial por parte de distintos grupos, lo que a su turno impacta en el ejercicio de la violencia letal al punto que la región concentra un tercio de los homicidios del mundo mientras que apenas detenta el 9 % de su población; la gobernanza criminal en que los grupos de crimen organizado sustituyen al estado en la provisión de servicios e impartición de justicia en los territorios bajo su control; la extorsión como delito que se articula con otras actividades delictivas históricamente vinculadas a la región como el narcotráfico y la expansión hacia otras tales como la trata de personas, la minería y deforestación ilegal y la delincuencia cibernética; y la captura del estado a través de la conjunción entre actos de corrupción, cooptación de cargos públicos y violencia electoral y política.
Para el BM resulta imperativo que los distintos gobiernos de la región implementen políticas de corto y mediano plazo encaminadas a fortalecer la actuación de la policía y los sistemas de justicia, así como para reestructurar las cárceles.
De la mano con lo anterior, la entidad multilateral resalta la importancia de que, a largo plazo, se implementen políticas públicas tendientes a cerrar las brechas de desigualdad en la región como uno de los principales factores detrás del crimen organizado. Así, las políticas de infraestructura, empleo y educación también deben verse como aspectos cruciales de la seguridad pública.
