La senadora y aspirante presidencial advierte que el mandatario busca imponer una constituyente por decreto, tras la alocución en la que cuestionó la decisión del Senado de archivar su consulta popular. Oposición y altas cortes alertan sobre una ruptura del orden constitucional.

La noche del martes, minutos después de la alocución televisada del presidente Gustavo Petro —en la que insistió en que la decisión del Senado de archivar su consulta popular fue «viciada»—, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal respondió con una serie de contundentes trinos en los que acusó al mandatario de estar en camino de ejecutar un “golpe de Estado” y advirtió sobre su intención de forzar una Asamblea Constituyente al margen de las instituciones.

“Petro está en la vía de decretar una Constituyente. ¡Cuidado, Colombia! No nos distraigamos”, escribió Cabal, al tiempo que señaló que “Petro no es juez para determinar si un acto del Senado es legítimo o ilegítimo”, en clara alusión a las declaraciones del mandatario. La líder opositora exigió una respuesta urgente de las altas cortes, los entes de control y los partidos políticos ante lo que calificó como una amenaza frontal contra el estado de derecho.

Sus afirmaciones no se dieron en el vacío. Coincidieron con la reacción de más de ocho partidos políticos, que han calificado como un “golpe de Estado” la intención del presidente de convocar por decreto una consulta popular que ya fue negada y archivada formalmente por el Senado. A través de una declaración pública, las colectividades advirtieron al registrador nacional que, en caso de que se expida dicho decreto, deberá actuar con “responsabilidad constitucional”, absteniéndose de convocar urnas sin antes verificar la legalidad del acto.

El Consejo de Estado ya habló: el acto del Senado fue legítimo

Uno de los puntos centrales de esta controversia gira en torno a la competencia institucional. Mientras el presidente insiste en que el Congreso actuó de forma irregular al enterrar su propuesta de consulta, la Sección Quinta del Consejo de Estado ya se pronunció al respecto, considerando como “acto definitivo” la decisión del Senado.

Cabal hizo eco de esta postura judicial en otro de sus trinos: “Este reconocimiento del Consejo de Estado sobre el trámite de la fallida consulta popular de Petro, ratifica la actuación en derecho que se surtió en la Plenaria. Esta cantidad de arbitrariedades de Petro son el desespero por mantener la atención y conducir al país a un proceso constituyente que no vamos a permitir”.

Así, la senadora se alinea con la interpretación jurídica que valida la actuación del Congreso como legítima y en pleno uso de su autonomía constitucional. El problema, según ella, no es jurídico sino político: “Petro pretende adelantar un golpe de Estado”, advirtió al anunciar que presentará una demanda contra cualquier decreto que busque revivir la consulta por la vía ejecutiva.

Ofensiva política y jurídica desde el Senado

Pero Cabal no se quedó en la denuncia. Propuso además que el Senado oficie formalmente al registrador nacional Alexander Vega para advertirle que no puede convocar urnas en un proceso ya resuelto por la vía legislativa. Esta estrategia busca anticiparse a cualquier intento de validación administrativa de una consulta cuya base legal —según Cabal y la oposición— ha sido jurídicamente eliminada.

“Estoy lista para presentar la respectiva demanda contra el decreto con el que Petro pretende adelantar un golpe de Estado. No puede usar mecanismos de participación ciudadana para sustituir competencias del Congreso, especialmente cuando ya hay una decisión tomada”, afirmó.

La advertencia no es menor. De avanzar el Gobierno con un decreto, Colombia se enfrentaría a un choque institucional sin precedentes desde la Constitución de 1991: un presidente desafiando abiertamente una decisión del Senado con el respaldo expreso de las cortes.

La consulta como catalizador de una crisis constitucional

Lo que comenzó como una iniciativa para consultar al pueblo sobre reformas sociales ahora amenaza con desencadenar una crisis entre ramas del poder público. Petro, aislado en el Congreso, parece decidido a imponer su proyecto político por otras vías, lo que ha encendido las alarmas incluso en sectores que tradicionalmente han sido neutrales.

La posibilidad de una Constituyente, agitada desde el mismo Gobierno con declaraciones ambiguas, ha sido uno de los mayores temores expresados por la oposición. Para Cabal, el presidente estaría construyendo un camino autoritario, justificando cada paso con una retórica populista que socava la institucionalidad.

¿Qué está en juego?

Esta no es solo una pelea entre el presidente y una senadora opositora. Lo que está en juego es la arquitectura constitucional del país: la separación de poderes, el respeto por los procedimientos legislativos y el papel de la justicia como árbitro. Si Petro insiste en imponer una consulta por decreto y el Registrador acata sin cuestionar, la institucionalidad colombiana podría entrar en un terreno incierto, con consecuencias impredecibles para la democracia.

En medio del desconcierto ciudadano y la creciente polarización, lo cierto es que el país se aproxima a una bifurcación institucional crítica. Las próximas decisiones del Gobierno, del Consejo Nacional Electoral, de las cortes y del Congreso definirán si Colombia sigue por la senda de las reglas o si cruza el umbral de lo excepcional. Y en ese escenario, la voz de Cabal ya no puede ser ignorada, ni por sus detractores ni por quienes comienzan a ver en ella a una alternativa de poder.

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