Cabal exige investigar compra de 17 aviones Gripen por más de $16 BILLONES
La senadora y candidata presidencial María Fernanda Cabal solicita a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación asumir control sobre una de las adquisiciones militares más costosas en la historia del país.
La compra de 17 aviones de combate Gripen JAS 39 E/F por parte del gobierno nacional acaba de convertirse en un nuevo foco de controversia política. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal puso sobre la mesa serias dudas sobre la transparencia y conveniencia de una operación que podría superar los $16,5 billones, según cifras oficiales de la empresa sueca Saab.
La advertencia no es menor: se trata de una de las adquisiciones más grandes en décadas, en un momento de crisis económica, crecimiento débil y fuerte descontento social.
Cabal envió una solicitud formal al contralor Carlos Hernán Rodríguez y al procurador Gregorio Eljach, instándolos a asumir vigilancia inmediata sobre el proceso de adquisición. La senadora advierte que el país aún no conoce detalles esenciales del negocio, pese a que Saab ya publicó el valor del pedido -3135 millones de euros- y las fechas estimadas de entrega entre 2026 y 2032.
Para Cabal, la ausencia de información clara es inaceptable: “Esta operación, una de las más costosas de la historia, debe aclararse con total transparencia. El país necesita seguridad, sí, pero con responsabilidad. Que esto no termine como los carrotanques de La Guajira o los carros de la basura de Petro en la Alcaldía”.
¿Negocio entre gobiernos o con una empresa privada?
Uno de los puntos más sensibles que plantea la senadora es la verdadera naturaleza del acuerdo. Colombia no sabe oficialmente si está negociando con el Gobierno de Suecia o directamente con la empresa Saab.
Un vacío enorme tratándose de un contrato que compromete recursos públicos en proporciones históricas. Cabal exige que los organismos de control establezcan quién firmó, cuándo, bajo qué condiciones, y si existe algún contrato ya suscrito, como afirma la compañía sueca.
Preguntas que el gobierno no responde
La senadora eleva 11 interrogantes que, de no ser respondidos con precisión, podrían poner en entredicho la legalidad y conveniencia de la compra. Entre ellos:
- Costos reales: ¿Cuál es el costo unitario de cada aeronave? ¿Incluye mantenimiento, entrenamiento, armamento y soporte técnico?
- Compromisos financieros: ¿Qué obligaciones adquirió la Nación y a cuánto asciende el costo final del ciclo de vida de la flota?
- Estudios técnicos: ¿Hubo evaluación de conveniencia? ¿Participaron las Fuerzas Militares en la decisión?
- Transferencia tecnológica: ¿Existe algún acuerdo de offset? ¿Qué garantiza su cumplimiento?
- Riesgos geopolíticos: ¿Se consideró un posible bloqueo de Estados Unidos sobre los motores fabricados por General Electric?
- Contratos adicionales: ¿La compra incluye armamento o esto requerirá nuevas negociaciones multimillonarias?
Para Cabal, ocultar esta información sería inadmisible y atentaría contra el patrimonio público.
Un negocio gigantesco en medio de estrechez económica
La senadora enfatiza el contexto en el que ocurre esta compra:
inflación persistente, déficit fiscal, recortes presupuestales y una presión social al alza.
En ese escenario, adquirir aeronaves por más de $16 billones exigen, según Cabal, un escrutinio riguroso.
“Los colombianos tienen derecho a saber si esta operación es necesaria, si es legal, si es oportuna, y si los recursos públicos están siendo administrados con transparencia”, señala en su carta.
Que no se repita la historia de los escándalos
Cabal relaciona esta compra con episodios recientes de corrupción, como el fallido negocio de los carrotanques en La Guajira y el escándalo de los camiones de basura durante la alcaldía de Petro en Bogotá.
El mensaje es claro: si el Gobierno no rinde cuentas, los organismos de control deben intervenir antes de que sea demasiado tarde.
Un debate que apenas comienza
La solicitud de Cabal abre una nueva grieta política en un país polarizado y con instituciones bajo presión.
De confirmarse ambigüedades, omisiones o desinformación por parte del Gobierno, esta compra podría convertirse en uno de los escándalos más sonoros del actual mandato.
Por ahora, la pelota está en la cancha de la Contraloría y la Procuraduría.
Lo que determinen estas entidades no solo definirá la transparencia del proceso, sino también la confianza de los ciudadanos en la administración de los recursos públicos.
La senadora concluye su misiva con un llamado contundente: “Ejercen un deber constitucional: esclarecer, controlar y proteger el patrimonio público. El país exige claridad. No hay espacio para dudas en un negocio que compromete la seguridad nacional y el bolsillo de los colombianos”.
