María Fernanda Cabal defiende en el Congreso la ofensiva militar y acusa al Gobierno de frenar la acción del Estado
La senadora y candidata presidencial arremetió contra el “activismo anti Fuerza Pública”, respaldó el uso de la fuerza aérea y acusó al Gobierno de fomentar una narrativa que multiplica el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.
En una constancia que rápidamente se convirtió en uno de los discursos más comentados de la tarde en el Congreso de la República, la senadora y candidata presidencial María Fernanda Cabal lanzó una defensa vehemente —y sin concesiones— de las operaciones militares ofensivas, en medio de la controversia nacional por los recientes ataques de las disidencias de las FARC y la discusión sobre la presencia de menores en los campamentos bombardeados.
Cabal, firme en tono y postura, golpeó una mesa cargada de tensiones políticas, jurídicas y militares. Lo hizo reivindicando la legitimidad del uso de la fuerza en un Estado de Derecho y acusando a sectores de izquierda, ONG y al propio Gobierno de promover narrativas que terminan protegiendo a los grupos armados y debilitando la moral de la Fuerza Pública.
“La guerra es degradante, pero el Estado debe defenderse”
La intervención de la senadora comenzó con una premisa que buscó desmontar de entrada cualquier lectura simplista:
“La guerra es la manifestación más degradante de la conducta humana. Nunca debemos desearla”.
Sin embargo, advirtió que las democracias no sobreviven con discursos, sino con instituciones capaces de usar de manera legítima la fuerza para proteger la vida y garantizar la estabilidad del Estado. Para Cabal, ese principio básico está siendo erosionado por un clima político que “confunde”, “relativiza” y “criminaliza” las operaciones militares.
Aseguró que las operaciones ofensivas no son un capricho ni un error táctico, sino un mandato dentro del Derecho Internacional Humanitario (DIH):
“La necesidad militar hace parte del principio del DIH.”
Menores en campamentos: la controversia
Uno de los puntos más explosivos del debate actual es la presencia de menores en los campamentos atacados por la Fuerza Pública. Frente a este tema —que ha puesto a varios sectores a la defensiva— Cabal no dejó espacio a interpretaciones tibias.
Sostuvo que, dentro del DIH, quienes participan activamente en hostilidades, incluso si son menores de edad, entran en la categoría de objetivos militares:
“Independientemente de que se sea mayor o menor de edad, los combatientes hacen parte de la conducción de hostilidades si tienen función continua de combate.”
Remató afirmando que la narrativa del Gobierno y de organizaciones internacionales, lejos de proteger a los menores, termina generando el efecto contrario:
“Con esta narrativa lo que se ha logrado es multiplicar el reclutamiento y la violación de las garantías de los menores.”
“Los bandidos nunca pagaron un día de cárcel”
En su tono más duro, Cabal recordó los históricos abusos cometidos por las guerrillas contra los menores reclutados:
“Los bandidos de la guerrilla, FARC, ELN, EPL siempre reclutaron niños para abusarlos y no pagaron un día de cárcel por ello.”
La frase, que resonó en el Capitolio, apuntó directamente a la impunidad que —según la senadora— ha protegido durante décadas a los responsables de crímenes atroces mientras se pretende juzgar con mayor rigidez a los soldados y pilotos que cumplen órdenes en el terreno.
El ataque contra el “activismo anti Fuerza Pública”
Uno de los blancos principales de la intervención fueron los colectivos y dirigentes que, según Cabal, promueven campañas que buscan “desmantelar” la capacidad operativa del Estado.
Los acusó de tratar de impedir el uso de la fuerza aérea y de replicar la lógica que llevó a prohibir el glifosato.
El paralelo fue directo:
“Así como se inventaron que el glifosato daba cáncer y terminamos con 300.000 hectáreas de coca, así hoy pretenden que no exista superioridad militar con el uso de la fuerza aérea.”
Un mensaje que apunta a la política de “paz total” del Gobierno Petro, a las restricciones operacionales y a la tendencia —según sectores militares— de moderar acciones ofensivas por temor a cuestionamientos públicos.
