sábado, noviembre 15 2025

La congresista advirtió que el presidente Gustavo Petro pretende someter a la Registraduría Nacional con fines políticos, al exigir una consulta popular en tiempo récord, violando la Constitución y presionando indebidamente a una entidad independiente.

En una nueva escalada de confrontación institucional y política, la senadora María Fernanda Cabal expresó su total respaldo al Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, por su negativa a convocar una consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro en un plazo de tan solo 53 días. La congresista del Centro Democrático no se guardó nada y lanzó duras críticas contra el presidente y sus aliados, a quienes acusó de presionar ilegalmente a los organismos electorales y de intentar forzar mecanismos democráticos a su conveniencia.

“Total apoyo al señor Registrador Nacional del Estado Civil Hernán Penagos en la decisión responsable y en derecho que ha tomado de no convocar una Consulta Popular en 53 días por presión indebida de Petro… Esto es defender la democracia”, escribió Cabal en su cuenta de X (antes Twitter), en una postura que deja clara su advertencia sobre lo que considera una peligrosa manipulación institucional por parte del Gobierno.

Las declaraciones de Cabal se producen luego de que Penagos anunciara públicamente que material y legalmente no es viable organizar una consulta popular en tan corto tiempo. Según el registrador, los procesos logísticos, de contratación, capacitación, impresión de tarjetas y demás requerimientos técnicos exigen al menos tres meses de preparación, tal como lo contempla la ley. La fecha que propone el Gobierno apenas deja 53 días, lo cual ha sido calificado por Cabal y sectores de oposición como un intento desesperado del Ejecutivo por forzar el mecanismo sin garantías.

“De hoy a la fecha de convocatoria de la respectiva consulta popular hay cerca de 53 días y yo debo decirles que materialmente no es posible realizar todos los procesos… mínimamente la Registraduría requiere alrededor de tres meses, como así lo determina la Constitución y la ley”, manifestó Penagos, en lo que fue interpretado por muchos como un freno legítimo y técnico a una imposición presidencial.

Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por el círculo cercano al presidente Petro. Uno de los primeros en reaccionar fue el exembajador y hoy polémico vocero oficialista Armando Benedetti, quien intentó deslegitimar la postura del Registrador afirmando que “él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el Gobierno”, sugiriendo que Penagos debía acatar el decreto presidencial sin mayor análisis jurídico.

Cabal no tardó en responder con firmeza y contundencia:

“El que se equivoca gravemente es usted. El Registrador Nacional del Estado Civil no es empleado al servicio de Petro y su gente”, le espetó a Benedetti, en una clara defensa de la autonomía del funcionario y en rechazo a lo que calificó como pretensiones autoritarias del Gobierno.

La controversia que se ha desatado tras estos hechos no es menor. La consulta popular, anunciada por Petro para respaldar algunas de sus banderas políticas, ha sido vista por la oposición como un intento de plebiscito personalista y una estrategia para revivir su capital político, en declive por los recientes escándalos y fracasos legislativos. Desde el Centro Democrático y otros sectores críticos, se ha advertido que el Gobierno pretende acudir a las urnas no para consultar al pueblo genuinamente, sino para presionar reformas sin pasar por el Congreso, y posiblemente para desviar la atención de la grave crisis económica y social que atraviesa el país.

En este contexto, la figura del Registrador Penagos ha ganado protagonismo, no solo por su negativa a ejecutar la convocatoria en los tiempos propuestos, sino por su compromiso con la legalidad. Su decisión ha sido celebrada por quienes creen que las instituciones deben permanecer firmes frente a la presión política del Ejecutivo, especialmente cuando se trata de asuntos electorales que requieren transparencia, imparcialidad y garantías mínimas.

Cabal, una de las voces más duras contra el gobierno de Gustavo Petro, ha reiterado en múltiples ocasiones su alerta sobre la erosión institucional y los constantes intentos del presidente de desbordar sus competencias. En este nuevo episodio, la senadora no solo apuntó contra Petro, sino que también encendió las alarmas sobre la necesidad de que las Altas Cortes, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional examinen la constitucionalidad del procedimiento propuesto por el Gobierno, sugiriendo que la consulta en sí misma podría estar viciada desde su origen.

El pulso entre el Ejecutivo y los órganos de control electoral apenas comienza, pero lo que ya está claro es que la disputa por el uso —o abuso— de los mecanismos de participación ciudadana se ha convertido en un nuevo campo de batalla política. Y en ese terreno, María Fernanda Cabal ha dejado claro que no permitirá lo que considera una instrumentalización de la democracia.

Mientras el Gobierno sigue buscando salidas para impulsar su agenda en medio del descontento ciudadano, figuras como Cabal ganan protagonismo como contrapeso político. La defensa del orden constitucional, más allá del debate de fondo de la consulta, se está convirtiendo en una bandera clave en la resistencia a un gobierno cada vez más cuestionado por su tendencia al atropello institucional.

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