La pugna por la autonomía ambiental en Colombia: Decreto Ley 1275 y su impacto en las CAR
El 15 de octubre, el Presidente de la República oficializó el Decreto Ley 1275 de 2024, que entrega competencias ambientales a las autoridades indígenas, y hoy ya entró en vigencia.
El reciente Decreto Ley 1275 de 2024, que otorga competencias ambientales a las autoridades indígenas, ha desatado una intensa polémica en Colombia. Este decreto, junto con el Decreto Ley 1094 de 2024, conocido como Atea, busca reconocer y ampliar la autonomía de las comunidades indígenas en temas de gestión territorial y ambiental. Sin embargo, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y la Asociación de Corporaciones Autónomas y Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars) han manifestado su rechazo rotundo a estas disposiciones, señalando que lesionan gravemente la estructura y autonomía del Sistema Nacional Ambiental (Sina). Este conflicto pone de relieve la tensión entre la descentralización del poder y la preservación de las competencias tradicionales de las instituciones ambientales en el país.
Contexto del Decreto Ley 1275 y Atea
El Decreto Ley 1275, oficializado el 15 de octubre de 2024, y el Decreto Ley 1094 de 2024, promulgado en agosto, representan un giro en la relación entre el Estado y las comunidades indígenas. Atea, en particular, reconoce el Mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA), dotando a las comunidades indígenas de un mayor control sobre la ocupación de tierras y las políticas públicas dentro de sus territorios. Esta autonomía incluye competencias tradicionalmente reservadas a las CAR, como la gestión de recursos naturales, lo que supone un cambio drástico en el manejo ambiental en las regiones donde estas comunidades tienen presencia significativa.
Este avance hacia la descentralización ha sido defendido por el Gobierno como una medida para garantizar una mayor participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre sus territorios y recursos. Se trata de un esfuerzo por reconocer su cosmovisión, prácticas ancestrales y el rol que desempeñan en la protección de los ecosistemas. Sin embargo, las CAR y Asocars han señalado que estas decisiones generan un conflicto normativo y operativo que puede tener serias repercusiones para la gestión ambiental en todo el país.
Críticas de Asocars: Pérdida de Autonomía y Competencias
Asocars, que representa a las 33 CAR del país, ha sido particularmente contundente en su rechazo. En un comunicado, la entidad aseguró que los decretos afectan los principios de coordinación y participación del Sina, señalando que el Gobierno se ha atribuido funciones que constitucionalmente corresponden al Congreso. Según Asocars, la Ley 99 de 1993, que regula el Sistema Nacional Ambiental, establece claramente las competencias de las CAR, y las modificaciones introducidas por los decretos de 2024 representan una vulneración de esa normativa.
La principal preocupación de Asocars es que, al transferir competencias ambientales a las autoridades indígenas, se erosiona la capacidad de las CAR para gestionar eficazmente los recursos naturales. La descentralización podría generar duplicidades de funciones, conflictos jurisdiccionales y una falta de coherencia en la aplicación de políticas ambientales. Además, las CAR advierten que este cambio no contribuye a la resolución de los problemas ambientales regionales, sino que, por el contrario, entorpece la gestión y podría agravar los conflictos en las áreas rurales, especialmente en territorios con presencia de actores armados ilegales o tensiones por la ocupación de tierras.
Las tensiones con el Gobierno: Acusaciones de corrupción
Este conflicto institucional también ha desatado un enfrentamiento directo entre el Gobierno de Gustavo Petro y las CAR. En varias ocasiones, el presidente Petro ha señalado a las CAR como entidades corruptas, una acusación que ha sido respondida con firmeza por Yesid González Duque, director ejecutivo de Asocars. González Duque ha defendido la integridad de las corporaciones, destacando que todas cuentan con planes anticorrupción y que los casos de mal manejo deben ser denunciados a las autoridades competentes de manera individual, sin generalizar ni dañar la imagen de estas entidades.
El uso de un lenguaje despectivo por parte del presidente hacia las CAR no solo ha deteriorado la relación entre el Gobierno y las corporaciones, sino que también ha generado preocupación entre los expertos en gestión ambiental. El deterioro de la confianza entre las autoridades locales y el Ejecutivo podría obstaculizar la implementación de políticas ambientales en un momento en que el país enfrenta importantes retos, como la deforestación, el cambio climático y la protección de sus vastos recursos naturales.
La necesidad de una reforma del Sina
Tanto el Gobierno como las CAR parecen coincidir en un punto: el Sina necesita una reforma. Desde su creación en 1993, el sistema ha permanecido en gran medida inmutable, a pesar de los profundos cambios que ha experimentado el país en términos de desarrollo económico, expansión urbana y presión sobre los ecosistemas. Asocars ha advertido que, más allá de los conflictos generados por los recientes decretos, es necesario un análisis profundo del sistema para mejorar su capacidad de respuesta y adaptarlo a los desafíos actuales.
La propuesta de Asocars apunta a una reforma que mantenga la autonomía de las CAR, pero que también fortalezca la coordinación entre las diferentes instituciones del Sina y permita una mayor participación de las comunidades, incluyendo las indígenas, en la gestión de sus territorios. Sin embargo, cualquier cambio debe estar basado en un marco jurídico claro que evite los conflictos de competencias y garantice la coherencia en la aplicación de políticas ambientales.
