Procuraduría formula cargos contra exconcejales de El Pital, Huila, por declarar persona no grata a periodista
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra ocho exconcejales del municipio de El Pital, Huila, por presuntamente haber incurrido en una conducta irregular al declarar persona no grata al periodista Alexander Castellanos Andrade.
Según el ente de control, esta acción, realizada durante el periodo 2020-2023, vulneró derechos fundamentales del comunicador y podría configurar una falta grave con culpa gravísima.
Decisión de la Procuraduría
El proceso disciplinario fue adelantado por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila, y recae sobre los exconcejales Víctor Félix Vargas Plazas, Octavio Lemos Ossa, Andrea Liceth Aldana Ortiz, John Alexander Anaya Sterling, Manuel Fernando Suárez Castillo, Luis Carlos Ocampo Campos, Benjamín Tovar Roa y Demetrio Yunda.
El órgano de control determinó que la declaración de persona no grata, publicada en la página web del Concejo Municipal, constituyó una transgresión a principios constitucionales y afectó los derechos al buen nombre, la honra y la dignidad de Castellanos Andrade. Según la Procuraduría, este acto es contrario a múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional, que ha prohibido este tipo de decisiones por parte de entidades públicas.
Antecedentes del caso
El periodista Alexander Castellanos Andrade dirigía un programa en Facebook en el que realizaba seguimiento a la inversión de los recursos públicos en El Pital. La decisión del Concejo de declararlo persona no grata generó controversia en su momento, pues se interpretó como un intento de censura o represalia por sus investigaciones periodísticas.
La actuación disciplinaria de la Procuraduría enfatiza que los funcionarios públicos tienen la obligación de garantizar la libertad de prensa y la crítica ciudadana, en lugar de promover acciones que restrinjan estos derechos.
Posibles sanciones
Dado que la falta ha sido calificada como grave con culpa gravísima, los exconcejales podrían enfrentar sanciones que van desde inhabilitaciones para ocupar cargos públicos hasta multas económicas, dependiendo del avance del proceso disciplinario.
Este caso se suma a una serie de decisiones recientes de la Procuraduría en defensa del ejercicio periodístico y la transparencia en la administración pública, sentando un precedente sobre el respeto a la labor de los medios de comunicación en Colombia.
