Por: Jesús Mora Díaz
Hay algo profundamente perturbador cuando un gobierno decide actuar como si el equilibrio de poderes fuera una sugerencia y no una regla. Cuando el Ejecutivo ignora al Legislativo —la expresión misma de la voluntad popular— no solo estamos ante un exceso, sino ante una afrenta directa al corazón del orden democrático. Eso es, en esencia, lo que está ocurriendo con el Decreto 639 del 11 de junio de 2025, expedido por el gobierno Petro para convocar a una consulta popular sin el aval del Senado de la República.
La senadora María Fernanda Cabal, en un acto de coherencia política y responsabilidad institucional, ha presentado una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. Una acción que, más allá de la controversia política, debe leerse como un grito de auxilio frente a la sistemática erosión del orden constitucional.
No se trata de estar a favor o en contra de una reforma laboral. Se trata de cómo se están haciendo las cosas. En democracia, el fin no justifica los medios. El artículo 104 de la Constitución es claro: el Presidente necesita concepto previo y favorable del Senado para convocar una consulta popular. El 14 de mayo, el Senado negó esa solicitud. Ignorar esa negativa y avanzar por decreto es abrirle la puerta al autoritarismo con disfraz de consulta.
¿Desde cuándo el capricho de un gobernante puede imponerse al mandato de la Constitución? ¿Desde cuándo los ministros se convierten en notarios de una voluntad presidencial que desconoce los límites del Estado de Derecho? Si permitimos que esto pase, mañana cualquier presidente podrá imponer reformas estructurales bajo el argumento de una consulta unilateral, erosionando progresivamente el Congreso hasta convertirlo en un adorno institucional.
La demanda de Cabal no es un simple acto jurídico; es una defensa de la democracia. Cuando ella dice que “la Constitución no es un obstáculo, sino el límite que protege la libertad”, está señalando algo que muchos prefieren ignorar: que sin normas claras, sin límites precisos, no hay libertad sino arbitrariedad.
El país no puede caer en la trampa del populismo plebiscitario. No todo lo que se disfraza de participación es democrático. En Venezuela también se usaron consultas para consolidar el poder de un solo hombre. Y ahí están las consecuencias.
Por eso, lo que está en juego hoy no es solo una reforma laboral, sino la columna vertebral de nuestra institucionalidad. No se trata de ideologías, se trata de legalidad. De si vamos a seguir siendo una república o vamos a permitir que se convierta en el feudo de un caudillo.
No es momento para el silencio. Defender la democracia no es una moda ni una consigna de campaña: es una urgencia nacional. Porque cuando el poder se hace sordo a la ley, es la voz ciudadana la que debe hacerse escuchar con más fuerza.
Y esa voz, hoy, también se pronuncia desde el estrado de la legalidad que ha levantado la senadora Cabal.
