La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informó eque negó la solicitud del Gobierno nacional para transmitir en televisión abierta contenidos de promoción relacionados con la consulta popular convocada para el próximo 1 de mayo, al considerar que no se ajustaban a la normativa vigente para los espacios institucionales.

La decisión surge luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara públicamente una supuesta «censura» en su contra. No obstante, la CRC aclaró que su actuación se limita exclusivamente a verificar el cumplimiento de los fines establecidos por la ley para dichos espacios, los cuales deben enfocarse en informar a la ciudadanía sobre las funciones propias del Estado, promover la unidad familiar, el civismo, la educación, los derechos humanos, la cultura y otros principios orientados al interés general.

«Estos espacios deben destinarse exclusivamente a informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de funciones propias de las entidades del Estado, así como para promover la unidad familiar, el civismo, la educación, los derechos humanos, la cultura y, en general, orientados a la divulgación de los fines y principios del Estado», indicó la CRC en un comunicado oficial.

El organismo regulador aseguró que no ejerce censura ni controla el contenido de los mensajes en los medios de comunicación, sino que su función es verificar que los temas solicitados para ser emitidos bajo la categoría de espacios institucionales cumplan con la normativa vigente. Además, precisó que si el Gobierno decide difundir sus mensajes de promoción a través de otros medios o espacios diferentes, rige plenamente la protección del derecho fundamental a la libertad de expresión.

Respecto a este caso específico, la CRC detalló que el contenido denominado “1 de mayo, consulta popular”, remitido por la Presidencia de la República el pasado 24 de abril, fue revisado y no aprobado, «debido a que no se ajustaba a los fines descritos para los Espacios Institucionales». La entidad enfatizó que su decisión está basada en el cumplimiento de la regulación y no representa ningún acto de censura.

Esta nueva controversia se suma a las tensiones entre el Ejecutivo y los órganos reguladores, en medio de los preparativos para la movilización convocada por el Gobierno en respaldo a las reformas sociales impulsadas por el presidente Petro.

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