Extesorera de Saladoblanco enfrenta cargos por hurto electrónico de fondos destinados a programas sociales
Celia Yolanda Artunduaga Guañarita es investigada por no aplicar medidas de seguridad tras un intento previo de retiro fraudulento, lo que permitió que se realizaran cuatro retiros electrónicos no autorizados a dos particulares y una empresa.
La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos en contra de Celia Yolanda Artunduaga Guañarita, quien fungió como tesorera del municipio de Saladoblanco, Huila, durante el periodo 2020-2021. La exfuncionaria es investigada por su presunta omisión en la aplicación de medidas de seguridad en la gestión de las cuentas bancarias del municipio, lo que habría facilitado el hurto de 49 millones de pesos a través de medios electrónicos, destinados a financiar programas de apoyo a la población adulta mayor.
De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila, Artunduaga Guañarita no habría implementado los protocolos de seguridad necesarios para proteger el acceso a las cuentas municipales, permitiendo que se realizaran cuatro retiros digitales aparentemente no autorizados. Estos retiros, que suman la cuantiosa cifra mencionada, habrían sido transferidos a dos individuos particulares y a una empresa, en un aparente caso de fraude electrónico.
Uno de los aspectos más graves que resalta el órgano de control es que, días antes del hurto, ya se había registrado un intento fallido de retiro fraudulento, lo que debió haber encendido las alarmas en la tesorería. No obstante, la exfuncionaria, según los hallazgos preliminares, no tomó ninguna medida correctiva ni reforzó los controles de seguridad, lo que facilitó la vulneración de las cuentas municipales.
En su comunicado, la Procuraduría fue enfática al señalar que Artunduaga Guañarita habría actuado «con un grado de negligencia y desidia tan grande que no puede ser justificado por ninguna circunstancia, demostrando un desprecio absoluto por las normas y obligaciones que tenía». Este comportamiento negligente habría resultado en un grave perjuicio para el municipio, afectando recursos esenciales destinados a programas de bienestar social para adultos mayores, una de las poblaciones más vulnerables de Saladoblanco.
La Procuraduría calificó la conducta de la exfuncionaria como una «falta grave cometida con culpa gravísima», lo que implica que su omisión y falta de diligencia en la protección de los recursos públicos habría sido de tal magnitud que no puede atribuirse simplemente a un error administrativo común. Las investigaciones continúan, y la extesorera podría enfrentarse a sanciones disciplinarias severas si se llega a confirmar su responsabilidad en los hechos.
Este caso subraya la importancia de la implementación de estrictos protocolos de seguridad en la administración de los recursos públicos, especialmente en municipios donde los fondos destinados a programas sociales son esenciales para garantizar el bienestar de poblaciones en condición de vulnerabilidad. A medida que avanza la investigación, las autoridades locales y los ciudadanos de Saladoblanco estarán atentos a los resultados de este proceso, esperando que se determinen las responsabilidades correspondientes y se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros casos de negligencia en la administración pública.
