Asocapitales rechaza participación de cabecillas criminales en evento de “paz urbana” en Medellín
La Asociación de Ciudades Capitales calificó como una «afrenta a la justicia» la presencia de líderes de estructuras criminales en tarima durante acto del Gobierno. Petro respondió alegando su derecho constitucional a la paz. Senadora Cabal y otros líderes piden investigaciones.
Un nuevo escándalo político se desató este martess tras la realización de un evento sobre “Paz urbana” en Medellín, promovido por el Gobierno Nacional y que contó con la presencia de cabecillas de grupos criminales el pasado fin de semana, algunos de ellos excarcelados. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechazó con contundencia la participación de estos actores armados, calificándola como una afrenta directa a la justicia, a la Fuerza Pública y a los ciudadanos.
A través de un comunicado, Asocapitales expresó su preocupación por lo que considera una peligrosa señal enviada desde el Ejecutivo: “Este tipo de actos no solo son innecesarios e inoportunos, sino que también intimidan a los ciudadanos que claman por territorios donde la fuerza pública ejerza su misión de perseguir y judicializar a los violentos”.
La organización, que agrupa a los alcaldes de las principales ciudades del país, señaló además que estas acciones afectan la legitimidad de los gobiernos locales y la seguridad de sus mandatarios: “Asocapitales se solidariza con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuya seguridad se ve en riesgo por cuenta de este tipo de provocaciones que parecen calculadas y orquestadas desde el Gobierno Nacional”.
El pronunciamiento no tardó en generar reacciones, empezando por la del propio presidente Gustavo Petro, quien respondió desde su cuenta de X (antes Twitter):
“La Asociación de Ciudades Capitales, que yo fundé, no puede estar por encima del derecho constitucional a la paz”.
Sin embargo, su declaración fue desmentida casi de inmediato por el concejal bogotano Daniel Briceño, quien publicó el acta de constitución de la asociación y afirmó tajantemente:
“Petro NO estuvo en el acto de fundación de Asocapitales. Aquí les dejo el acta de los alcaldes que se reunieron inicialmente para fundar esta organización el 31 de octubre de 2012”.
El episodio también encendió las alarmas en sectores de la oposición. La senadora María Fernanda Cabal fue una de las voces más críticas:
“Lo de Petro en La Alpujarra en Medellín no solo es otra afrenta contra las víctimas, sino una real amenaza a la democracia del país. Sacar a criminales de las cárceles, movilizar indígenas y obligar a contratistas para que lo acompañen es su fase desesperada por mostrar un apoyo que no tiene. Se debe investigar a fondo esto que pasó porque no vamos a normalizar bandidos en tarimas supuestamente hablando de paz”.
Para Cabal, la presencia de criminales en actos públicos, con el aparente respaldo del Gobierno, representa una violación al orden institucional y una muestra de la fragilidad de la política de “paz total” que promueve el presidente.
El evento en cuestión tuvo lugar en la emblemática Plaza de La Alpujarra, sede de la administración municipal de Medellín, y fue publicitado como un acto de reconciliación. No obstante, las imágenes de líderes delincuenciales compartiendo tarima con funcionarios del Ejecutivo desataron una ola de indignación en redes sociales y en diversos sectores del país.
Aunque el Gobierno no ha ofrecido una explicación detallada de los mecanismos legales que permitieron la participación de estas personas, ni de los objetivos concretos del evento, el debate sobre la legitimidad y los límites del proceso de “paz urbana” continúa escalando.
La controversia se suma a una creciente tensión entre el Gobierno central y los gobiernos locales, algunos de los cuales –como en el caso de Medellín– se han mostrado abiertamente críticos de los acercamientos del presidente Petro con actores armados ilegales, especialmente en contextos urbanos.
Asocapitales finalizó su pronunciamiento con un llamado urgente al Ejecutivo para que “garantice el respeto a las autoridades territoriales, la seguridad de nuestros mandatarios locales y salvaguarde la institucionalidad del país, en estricto apego a la Constitución y a las leyes”.
El episodio deja en evidencia las fisuras cada vez más visibles en el discurso oficial sobre la paz, y plantea preguntas de fondo sobre los riesgos de confundir procesos de reconciliación con actos que muchos consideran de impunidad.
