sábado, noviembre 15 2025

En Arauca, el conflicto armado, el desplazamiento forzado y los obstáculos administrativos impiden que miles de personas accedan a atención médica. Las consecuencias se agravan para quienes migran o viven en zonas rurales.

Las poblaciones más vulnerables enfrentan múltiples obstáculos para el acceso a salud en Arauca, tanto en la capital como en las áreas rurales.

En este departamento, ubicado en el oriente de Colombia, en la frontera con Venezuela, confluyen tres factores críticos que han desbordado las capacidades locales desde 2022: la migración continua desde Venezuela, el recrudecimiento del conflicto armado y las emergencias naturales derivadas de inundaciones en temporada invernal.

“Este escenario complejo ha generado necesidades médicas y humanitarias que requieren mayor atención de entidades estatales y organizaciones internacionales”Alejandro Matos, coordinador de Médicos Sin Fronteras en la zona.

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Ante esta realidad, desde marzo de 2025, hemos implementado un programa con dos componentes:

  • El primer componente se enfoca en los asentamientos de las zonas periféricas de Arauca capital. Allí, el equipo médico atiende principalmente a víctimas de desplazamiento forzado a causa del conflicto. Brindamos atención a migrantes venezolanos y a colombianos que retornaron desde Venezuela.
  • El segundo está dirigido a la población rural afectada por el conflicto armado en los municipios de Tame, Arauquita y Puerto Rondón.

Los programas buscan responder a las dificultades de acceso a salud en Arauca generadas por el conflicto y la migración.

Entre el 3 de marzo y el 23 de mayo, nuestros equipos realizaron 885 consultas médicas generales, 254 consultas de salud sexual y reproductiva. Además, 19 consultas a mujeres embarazadas y 105 consultas individuales de salud mental.

Un territorio marcado por la violencia y la migración

Arauca fue el tercer departamento del país con mayor número de víctimas de confinamiento forzado en 2024. Casi 10.000 personas fueron afectadas, según el monitoreo realizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).1

Históricamente, diversos grupos armados no estatales se han disputado el control de esta región fronteriza. En 2024, el conflicto entre el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central de las extintas FARC se agudizó. Esto ocurrió tras la suspensión de negociaciones de paz que el Estado llevaba con cada grupo.2

El conflicto entre ambos actores armados y contra el Ejército ha generado grandes barreras para el acceso a salud en Arauca.

“Además de que cuentan con poco presupuesto, los prestadores de servicios médicos no pueden ingresar a muchos territorios debido a las hostilidades, mientras que las comunidades rurales tampoco pueden desplazarse para buscar atención médica por temor a la violencia. Los servicios centralizados en las cabeceras municipales resultan poco efectivos porque, aunque los prestadores de salud realizan a veces clínicas móviles en algunas zonas periféricas no se proporcionan todos los medicamentos necesarios durante esas visitas. Los pacientes deben trasladarse a las cabeceras para reclamar los medicamentos prescritos, pero no pueden hacerlo por las restricciones de movilidad derivadas del conflicto o escasez de recursos”, añade el coordinador.Alejandro Matos, coordinador de Médicos Sin Fronteras en la zona.

En la zona urbana, el acceso a salud en Arauca también representa un desafío para poblaciones vulnerables de bajos recursos que viven en asentamientos informales de la periferia, como colombianos retornados desde Venezuela, víctimas de desplazamiento y migrantes.

Según cifras oficiales, en el departamento hay unos 75.000 venezolanos con vocación de permanencia, de los cuales poco más de 47.000 viven en la capital.3

“Aunque según las cifras oficiales, casi un 74 % tiene Permiso por Protección Temporal, que teóricamente les permite acceder al sistema de salud y educación, las personas migrantes continúan enfrentando grandes barreras para acceder a servicios básicos y lograr integración socioeconómica, lo que aumenta su vulnerabilidad ante otros riesgos relacionados con el conflicto armado”, señala Matos.Alejandro Matos, coordinador de Médicos Sin Fronteras en la zona.

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