Huila se mantiene entre los departamentos más golpeados por el reclutamiento de menores en 2025
La Defensoría del Pueblo alertó que entre enero y octubre de este año se registraron 162 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en el país. El Huila continúa en la lista de los territorios críticos junto a Cauca, Antioquia, Chocó y Nariño.
La Defensoría del Pueblo encendió nuevamente las alarmas sobre el avance del reclutamiento forzado de menores, un crimen que —según la entidad— “vulnera el presente y el futuro de los niños, niñas y adolescentes” y se mantiene como uno de los riesgos más persistentes en las zonas donde operan grupos armados. Entre enero y octubre de 2025, el organismo registró 162 casos, y el Huila volvió a ubicarse entre los cinco departamentos con mayor número de hechos, confirmando una tendencia que se ha sostenido durante los últimos dos años.
De acuerdo con el informe, el 45% de las víctimas pertenece a pueblos indígenas, una cifra que evidencia la vulnerabilidad de las comunidades rurales y étnicas, especialmente en regiones donde persisten disputas territoriales, corredores de movilidad y un débil acceso institucional. Aunque el Cauca continúa encabezando la lista como el departamento más afectado, la situación en el Huila sigue siendo motivo de especial preocupación: allí se han documentado casos que involucran presiones directas contra familias campesinas, amenazas y presencia activa de estructuras armadas que reclutan a menores para fortalecer sus filas.
La Defensoría identificó como principales responsables al Estado Mayor Central, seguido de disidencias sin identificar, el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia, lo que refleja un escenario de fragmentación armada que facilita el reclutamiento y dificulta las estrategias de prevención. “Estas dinámicas no solo se mantienen, sino que se profundizan en territorios donde la presencia estatal es limitada”, advirtió la entidad.
El informe también reveló que el 62% de las víctimas son niños y adolescentes, mientras que el 38% corresponde a niñas y adolescentes, una distribución que se ha mantenido estable desde 2024. Aunque el fenómeno no presenta picos estacionales, sí opera como un riesgo continuo, especialmente en zonas rurales donde la presión de los grupos armados se ejerce de manera permanente.
En el caso del Huila, organizaciones comunitarias han alertado sobre el aumento de las amenazas en áreas rurales aisladas, así como sobre el riesgo que enfrentan menores que viven en veredas donde coinciden economías ilegales, control armado y ausencia de programas de protección. La Defensoría insistió en que la protección de la niñez debe convertirse en una prioridad inmediata del Estado, no solo con más presencia institucional, sino con mecanismos de prevención efectiva y acompañamiento a las comunidades.
El organismo concluyó que la única forma de frenar esta práctica es “garantizar entornos seguros donde los niños, niñas y adolescentes puedan crecer con oportunidades”, lejos de la presión, el control y la violencia de los actores armados que siguen reclutando menores para sostener su guerra.
