En una declaración conjunta, colectividades del Congreso rechazan lo que consideran una ruptura constitucional por parte del presidente Petro, al insistir en una consulta popular sin aval del Senado.

Una fuerte controversia política estalló este lunes luego de que ocho partidos con representación en el Congreso de la República calificaran como un “golpe de Estado” la intención del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular, pese a que esta ya fue negada por el Senado.

Los partidos firmantes del comunicado —Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI— calificaron la medida anunciada por el mandatario como una acción “unilateral e inconstitucional” que, de concretarse, supondría una violación directa a la Constitución y una ruptura con el principio de separación de poderes.

“La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado”, afirmaron enfáticamente en el documento divulgado este lunes.

En el comunicado, las colectividades instaron a las principales instituciones del Estado —la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y los organismos electorales— a actuar con independencia y apego al principio de legalidad para frenar lo que consideran una imposición que excede las competencias del Gobierno.

Además, hicieron un llamado expreso al registrador nacional para que, en caso de que se emita el decreto presidencial, actúe con responsabilidad constitucional antes de fijar cualquier calendario electoral, verificando la legalidad del acto.

“El Registrador Nacional debe verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales establecidos antes de tomar cualquier decisión respecto de la consulta popular”, subrayaron.

Los partidos también recordaron que la Sección Quinta del Consejo de Estado ya se pronunció sobre el tema al considerar como “acto definitivo” la decisión del Senado de archivar la propuesta de consulta. Esto, según las colectividades, demuestra que la Rama Judicial ya validó la actuación del Congreso como legítima y en pleno uso de su autonomía.

En medio de la creciente preocupación por una eventual ruptura del orden constitucional, la senadora María Fernanda Cabal, una de las voces más críticas del Gobierno y aspirante presidencial, anunció que está lista para acudir a los estrados judiciales:

“Estoy lista para presentar la respectiva demanda contra el decreto con el que Petro pretende adelantar un golpe de Estado. Petro no puede usar mecanismos de participación ciudadana para sustituir competencias del Congreso, especialmente cuando ya hay una decisión tomada. Esto sería una violación del principio de separación de poderes y del Estado de derecho”, expresó a través de su cuenta en X.

Los firmantes también advirtieron sobre el “grave daño institucional” que, a su juicio, está causando el gobierno Petro al desconocer el orden constitucional y utilizar causas sociales legítimas para imponer su agenda política.

“Colombia no puede ser sometida a la voluntad de una persona que pretende desconocer el Estado de Derecho y que busca imponer su agenda política sin atender ni respetar la autonomía del Congreso”, manifestaron.

Finalmente, reiteraron su respaldo a las altas cortes y a todas las ramas del poder público para que actúen con firmeza e independencia ante lo que consideran un momento crítico para la democracia colombiana.

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