Según la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, las niñas fueron reclutadas de manera forzosa en una práctica que van en aumento en el departamento del Huila.
En el departamento del Huila, una sombra oscura se cierne sobre las niñas y adolescentes de las zonas rurales. En el último mes, ocho menores de edad han sido reclutadas forzosamente por las disidencias de las Farc, según denuncias de la comunidad y de organismos de derechos humanos. Entre las víctimas se encuentran Melanie, Leydi, Mauren, Lizet y Yadira, todas menores de 17 años, arrebatadas de sus hogares para vivir los horrores de la guerra.
Juliette de Rivero, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, ha expresado su profunda preocupación ante estos hechos. «Pedimos a los actores armados liberar sanas y salvas a las niñas reclutadas forzosamente en el último mes en Huila», reclamó. La situación ha generado alarma en las autoridades locales y en la comunidad internacional, pues el reclutamiento de menores es una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos fundamentales de la infancia.
El caso más reciente ha tenido lugar en La Plata, un municipio que en los últimos años ha sufrido el resurgimiento de las disidencias armadas tras la desaparición oficial de las Farc en 2016. La expansión de estos grupos ha traído consigo un recrudecimiento de las prácticas criminales, como el reclutamiento forzado de menores, especialmente niñas, quienes son vulnerables a múltiples formas de abuso. Las familias de las jóvenes, en su mayoría habitantes de zonas rurales, han pedido desesperadamente la intervención del Gobierno Nacional para salvarlas.
Reclutamiento forzado: una tragedia silenciosa
Una excombatiente de las antiguas Farc, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, ofreció un testimonio revelador sobre el destino de las niñas reclutadas. «Lo que le hacen a las niñas en la guerra es trágico», confesó. Según ella, muchas de las menores son obligadas a convertirse en las ‘acompañantes’ de los comandantes, sufriendo violencia física, psicológica y sexual. Estos actos constituyen violaciones flagrantes de los derechos humanos, que dejan profundas cicatrices en las niñas y sus comunidades.
En La Plata, el caso de Melanie y Leydi, dos estudiantes de 14 y 16 años respectivamente, capturó la atención pública hace un mes. Ambas fueron reclutadas por las disidencias, pero gracias a la intervención oportuna de las autoridades locales, lograron ser liberadas. Este caso encendió las alarmas sobre el peligro creciente en la región, donde el reclutamiento de niñas parece estar aumentando de manera preocupante.
Expansión de las disidencias y violaciones a los derechos humanos
El Huila, como otras regiones del sur de Colombia, ha sido testigo de un aumento en las actividades criminales de las disidencias de las Farc desde que el acuerdo de paz se firmó en 2016. Aunque muchos exguerrilleros se acogieron al proceso de reincorporación, algunos frentes insurgentes se reorganizaron para continuar con actividades delictivas, como el narcotráfico, la extorsión y el reclutamiento de menores. Las niñas y adolescentes, particularmente en zonas rurales y de escasos recursos, son las más vulnerables a estas prácticas.
Organizaciones de derechos humanos han documentado cómo las disidencias insurgentes han incrementado sus acciones terroristas y las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, con el reclutamiento forzado de menores como una de sus tácticas más atroces. En la mayoría de los casos, las niñas son utilizadas no solo como combatientes, sino también como esclavas sexuales, enfrentando condiciones inhumanas y tortura.
Juliette de Rivero, representante de la ONU, fue enfática en su llamado a los grupos armados no estatales: «Urgimos a los grupos armados a liberar de forma inmediata a las niñas y niños en su poder, menores de 18 años. Les reiteramos que el reclutamiento es un crimen y que las consecuencias son devastadoras para estas víctimas».
La respuesta gubernamental y la urgencia de la acción
Ante este panorama desolador, las familias de las niñas reclutadas han pedido al Gobierno Nacional una respuesta contundente para frenar esta práctica. Hasta el momento, la intervención de las autoridades locales y las Fuerzas Armadas ha permitido la liberación de algunas menores, pero el número de casos continúa en aumento, generando un clima de incertidumbre y miedo en las comunidades rurales.
En la región, la presión sobre las autoridades es cada vez mayor. Las organizaciones locales han instado al gobierno de Gustavo Petro a redoblar esfuerzos para proteger a la niñez de estos territorios, a través de programas de prevención y protección, y mediante un despliegue más efectivo de las fuerzas del orden para enfrentar a los grupos armados.
El reclutamiento de niñas en el Huila es solo una parte de un problema mucho más amplio que afecta a diversas regiones del país. Según datos de la Defensoría del Pueblo, miles de menores han sido víctimas de reclutamiento forzado en los últimos años, una práctica que amenaza con truncar sus vidas y perpetuar el ciclo de violencia en Colombia.