La ONU advierte que líderes sociales están acorralados, menores son reclutados y comunidades enteras viven bajo coacción de grupos armados en medio de la ausencia del Estado en Huila y Caquetá.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos encendió las alarmas sobre la grave situación que viven las comunidades rurales en Huila y Caquetá. Scott Campbell, su representante en el país, advirtió tras una visita de cuatro días que el panorama es devastador: liderazgos sociales acorralados, reclutamiento de menores, amenazas constantes y un Estado cuya presencia es calificada por los pobladores como precaria e insuficiente.

“Vi el miedo en sus ojos. Los liderazgos sociales están acorralados, privados de su libertad de opinar y de moverse en el territorio. Hay homicidios, extorsiones, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. No tienen paz”, declaró Campbell en un comunicado que refleja la magnitud del deterioro humanitario en la región.

Liderazgos sociales bajo fuego

De acuerdo con la ONU, líderes comunitarios en ambos departamentos denunciaron haber sido declarados “objetivo militar” por grupos armados no estatales. Estos actores ilegales ejercen control social y territorial a través de la intimidación, hostigamiento y amenazas directas.
“Nos dicen: ustedes organizan las cosas como queremos o las organizamos nosotros. En las zonas rurales da miedo ir a la huerta, da miedo ir a la escuela, da miedo hablar, da miedo caminar”, relataron campesinos y líderes locales durante la misión humanitaria.

La situación ha generado un clima de terror generalizado. Los pobladores aseguran que los grupos conocen sus movimientos, contactos y hasta sus teléfonos, lo que les deja en una situación de total indefensión. “Necesitamos una ruta de paz en la que el Estado nos garantice nuestros derechos y los armados no puedan entrar al territorio”, exigieron.

Infancia en riesgo: el reclutamiento se dispara

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por Campbell es el aumento del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Según testimonios recogidos, los grupos armados llegan hasta escuelas y colegios para identificar a menores en condiciones de vulnerabilidad. “A una niña se la llevaron. Los grupos insisten que a partir de los 15 años los niños y las niñas son de ellos”, narraron habitantes de la zona.

La ONU alertó que incluso se usan redes sociales como WhatsApp para indagar sobre la situación familiar de los menores, seleccionando primero a los más desprotegidos. Muchas niñas desaparecen durante semanas y regresan tras haber sido obligadas a permanecer con los grupos.

Campbell fue enfático: “Urgimos a los grupos armados a liberar a todos los menores de 18 años en su poder y a respetar a la población civil”.

Mujeres en resistencia, Estado ausente

Durante los encuentros, lideresas campesinas e indígenas subrayaron que, además de sufrir amenazas, reclaman ser reconocidas en su rol político y en la construcción de paz. “Somos mujeres, somos cuidadoras y también lideresas con un trabajo político en el que apoyamos la paz. Queremos ser tenidas en cuenta”, reclamaron.

La ONU recalcó que las comunidades exigen una presencia integral y sostenida del Estado que garantice derechos básicos como educación, agua potable, infraestructura cultural y deportiva, así como oportunidades de empleo.

Asonadas y control social

El informe también reveló un hecho alarmante ocurrido en Belén, municipio de La Plata, Huila. El 18 de septiembre, alrededor de mil personas fueron obligadas bajo amenaza a reunirse en el casco urbano para exigir la salida del Ejército. Según Campbell, se trató de un episodio de coacción directa ejercida por grupos armados que buscan controlar corredores estratégicos y expulsar la fuerza pública de la región.

Este hecho refleja la magnitud de la presión que padecen las comunidades, atrapadas entre la violencia de los grupos ilegales y la insuficiencia de las instituciones estatales.

Llamado urgente al Gobierno colombiano

La Oficina de la ONU hizo un llamado contundente al Estado colombiano para que asuma medidas eficaces de protección. La organización insistió en que se garantice la seguridad de los liderazgos amenazados, se frene el reclutamiento forzado y se asegure la presencia institucional en zonas rurales.

“Instamos a las autoridades a proteger y a no estigmatizar a la población civil que se encuentra atrapada y bajo amenaza de muerte. La ausencia de garantías estatales fortalece el poder de los grupos armados y pone en riesgo la democracia local”, puntualizó Campbell.

Cifras que estremecen

Solo en lo corrido de 2025, la ONU ha verificado el asesinato de tres defensores de derechos humanos en Huila y dos en Caquetá. Estas cifras confirman el peligro extremo que enfrentan quienes se atreven a liderar procesos sociales en regiones atravesadas por el conflicto armado.

Reuniones y compromisos

En su visita, Campbell sostuvo reuniones con organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, autoridades locales y militares. En Huila, dialogó con el gobernador Rodrigo Villalba sobre la política pública contra el reclutamiento de menores y la urgencia de garantizar educación rural. También destacó la creación del Comité Departamental para la Prevención del Reclutamiento Forzado en Huila, aunque insistió en que requiere recursos para ser realmente efectivo.

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