Una primicia revelada por La Luciérnaga ha encendido las alarmas en sectores políticos y económicos del país: a partir del 1 de diciembre de 2025 se transportará gas desde Venezuela a Colombia a través del Gasoducto Transcaribeño Ricaurte, según lo confirma un documento confidencial emitido por PDVSA Gas S.A., Sucursal Colombia.

La información, contenida en un documento reservado de la estatal petrolera venezolana, fue conocida gracias a una orden judicial que obligó a la compañía a entregar detalles sobre el contrato de transporte internacional de gas. El texto señala que, conforme al acuerdo vigente y al llamado “Período de Estabilización de Equipos del Contrato”, se tiene previsto iniciar el transporte de gas desde territorio venezolano hacia Colombia el 1 de diciembre de 2025.

Esta revelación no solo confirma que el gobierno de Gustavo Petro está avanzando en acuerdos energéticos con el régimen de Nicolás Maduro, sino que reabre un debate espinoso sobre la dependencia energética con un país cuestionado por su inestabilidad política, sus constantes violaciones a los derechos humanos y su deteriorada infraestructura energética.

Una jugada silenciosa que hoy sale a la luz

El contrato con PDVSA, del que poco se conocía públicamente, involucra el uso del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, una infraestructura construida durante el gobierno de Álvaro Uribe, que originalmente permitía la exportación de gas colombiano a Venezuela. Sin embargo, tras años de inactividad y abandono, ahora será utilizada en sentido contrario: Colombia recibirá gas venezolano.

Aunque el documento habla de un “período de estabilización de equipos”, lo que sugiere trabajos técnicos y pruebas para garantizar la operación del ducto, el hecho de que exista ya una fecha estimada para el inicio de transporte efectivo confirma la activación de un acuerdo energético de fondo entre Bogotá y Caracas.

¿Dependencia energética con Maduro?

El anuncio ha generado preocupación entre expertos en energía y líderes de oposición, quienes cuestionan la decisión del gobierno colombiano de establecer relaciones estratégicas con una dictadura que no garantiza ni siquiera el abastecimiento de gas para su propia población.colom

Además, surgen dudas sobre las condiciones económicas del contrato: ¿A qué precio se comprará el gas? ¿Habrá subsidios o beneficios ocultos? ¿Quién garantiza la confiabilidad técnica y logística del suministro en medio del caos venezolano?

Un giro ideológico con consecuencias

La noticia también tiene implicaciones políticas. Desde su llegada al poder, el presidente Gustavo Petro ha impulsado una agenda internacional alineada con gobiernos afines ideológicamente como el de Nicolás Maduro. El restablecimiento de relaciones diplomáticas, los elogios mutuos y ahora este acuerdo energético refuerzan la tesis de una “integración bolivariana” que ha sido duramente criticada por sectores democráticos.

¿Es esto parte de una estrategia de largo plazo para sustituir las fuentes fósiles nacionales con importaciones “aliadas”? ¿O se trata simplemente de un negocio mal explicado a la opinión pública? Lo cierto es que el secretismo con que se manejó el documento ahora revelado genera más suspicacias que certezas.

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