La situación de seguridad en el Departamento de La Guajira y la perspectiva de María Fernanda Cabal.
Por: Antonio Pinzón, Abogado especialista en gestión pública y gobierno y derecho administrativo
El Departamento de La Guajira, ubicado en el extremo norte de Colombia, enfrenta una compleja situación de seguridad que impacta profundamente a sus comunidades, economía y desarrollo. Factores como la presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico, la extorsión y la porosidad de la frontera con Venezuela han exacerbado la inseguridad en la región. En este contexto, la senadora María Fernanda Cabal, una de las figuras más destacadas del Centro Democrático, ha expresado opiniones contundentes sobre la crisis y las medidas necesarias para abordarla. Este artículo analiza la situación de seguridad en La Guajira y las posturas de Cabal al respecto, basándose en información reciente.
La Guajira ha sido históricamente un territorio vulnerable debido a su ubicación estratégica, que lo convierte en un corredor clave para actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico. En los últimos años, la presencia de grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, ha intensificado la violencia en la región. Un ejemplo reciente de esta inseguridad fue el atentado con un carrobomba en el peaje Alto Pino, en la vía entre Riohacha y Maicao, el 20 de junio de 2025, que dejó dos personas muertas. Las autoridades señalaron al ELN como probable responsable, lo que evidencia la capacidad de estos grupos para generar terror y desestabilizar la región.
Además, la población civil enfrenta amenazas constantes, como extorsiones y restricciones de movilidad impuestas por actores armados. La economía local, basada en gran medida en el comercio, la minería y el turismo, se ve afectada por estos incidentes, que también limitan el acceso a servicios básicos en zonas rurales. La porosidad de la frontera con Venezuela agrava el problema, facilitando el flujo de armas, drogas y actividades delictivas transnacionales. A esto se suma la precaria presencia estatal en muchas áreas, lo que deja a las comunidades desprotegidas frente a la criminalidad.
Cabal también ha cuestionado las políticas del presidente Gustavo Petro en materia de seguridad, argumentando que la falta de acción decidida ha permitido el fortalecimiento de estructuras criminales. Por ejemplo, en el caso de Guaviare, donde disidencias de las FARC impusieron un paro armado en 2025, Cabal comparó la situación con el conflicto en Catatumbo y criticó la “falta de determinación” del Gobierno para proteger a la ciudadanía. Aunque este comentario no se refiere específicamente a La Guajira, refleja su postura general sobre la necesidad de una estrategia más agresiva contra la guerrilla, que podría aplicarse al contexto guajiro.
María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, ha sido una voz crítica frente a la gestión de la seguridad en Colombia, incluyendo La Guajira. Conocida por sus posturas conservadoras y su defensa de la «seguridad democrática», Cabal ha insistido en la necesidad de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y adoptar medidas contundentes contra los grupos armados ilegales.
En relación con el atentado en el peaje Alto Pino, Cabal se pronunció a través de su cuenta en X, repudiando el acto terrorista y exigiendo una respuesta más firme por parte de las autoridades. En su mensaje, subrayó la urgencia de que la Fuerza Pública intensifique sus acciones contra los responsables de estos crímenes, reflejando su postura de mano dura contra la criminalidad. Esta declaración se alinea con su visión general de que la inseguridad en regiones como La Guajira es resultado de la falta de determinación del Gobierno nacional para enfrentar a los grupos armados.
Cabal también ha cuestionado las políticas del presidente Gustavo Petro en materia de seguridad, argumentando que la falta de acción decidida ha permitido el fortalecimiento de estructuras criminales. Por ejemplo, en el caso de Guaviare, donde disidencias de las FARC impusieron un paro armado en 2025, Cabal comparó la situación con el conflicto en Catatumbo y criticó la «falta de determinación» del Gobierno para proteger a la ciudadanía. Aunque este comentario no se refiere específicamente a La Guajira, refleja su postura general sobre la necesidad de una estrategia más agresiva contra la guerrilla, que podría aplicarse al contexto guajiro.
Otro aspecto relevante de las opiniones de Cabal es su escepticismo hacia los procesos de paz con grupos armados. En el caso del asesinato de un patrullero en Chocó por parte del ELN, Cabal pidió suspender «diálogos inútiles» con las guerrillas, argumentando que estas organizaciones no muestran una verdadera voluntad de paz. Esta posición sugiere que, en el caso de La Guajira, Cabal probablemente abogaría por un enfoque basado en el combate frontal contra el ELN y otros grupos, en lugar de negociaciones.
Finalmente, Cabal ha criticado promesas gubernamentales que considera irrealizables, como la propuesta de Petro de construir un tren de alta velocidad en La Guajira para impulsar el turismo. En diciembre de 2024, la senadora ironizó que, mientras el presidente habla de proyectos ambiciosos, los guajiros solo han recibido «bicicletas para cargar agua», en referencia a la falta de soluciones concretas para problemas urgentes como la inseguridad y el acceso a servicios básicos. Este comentario resalta su percepción de que el Gobierno prioriza anuncios populistas sobre acciones efectivas para mejorar la seguridad y el bienestar en la región.
A lo largo de su carrera, Cabal ha defendido el modelo de «seguridad democrática» promovido por el expresidente Álvaro Uribe, que incluye el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la lucha contra el narcotráfico y la protección de la propiedad privada. En visitas a otras regiones, como el Valle del Cauca, ha enfatizado la importancia de la tecnología, el combate frontal a la criminalidad y una política carcelaria que no beneficie a los delincuentes. Aunque no se han documentado propuestas específicas de Cabal para La Guajira en las fuentes disponibles, es probable que su enfoque para la región incluya:
Fortalecimiento de la Fuerza Pública: Aumentar la presencia militar y policial en zonas estratégicas de La Guajira, como los corredores viales y la frontera con Venezuela, para desmantelar las redes criminales.
Lucha contra el narcotráfico: Intensificar las operaciones contra el tráfico de drogas, que financia a los grupos armados y agrava la inseguridad. Políticas de mano dura: Implementar medidas severas contra los responsables de actos terroristas, como el atentado en Alto Pino, y rechazar negociaciones con grupos como el ELN.
Apoyo a las comunidades: Promover programas que fortalezcan la confianza en las instituciones y protejan a las víctimas de la violencia, como los que impulsó en su rol en la Fundación Colombia Ganadera.
La Guajira enfrenta una crisis de seguridad marcada por la presencia de grupos armados, actos terroristas y una débil presencia estatal. María Fernanda Cabal, desde su posición como senadora y precandidata presidencial, aboga por una estrategia de mano dura que priorice el fortalecimiento de la Fuerza Pública y el combate directo contra la criminalidad, al tiempo que critica la gestión del Gobierno de Gustavo Petro. Aunque su enfoque resuena con sectores que buscan soluciones inmediatas a la violencia, también genera debate sobre su viabilidad y los riesgos de profundizar la polarización en una región tan diversa y compleja como La Guajira. La resolución de esta crisis requerirá un equilibrio entre seguridad, desarrollo económico y diálogo con las comunidades locales, un desafío que sigue pendiente en la agenda nacional.
