Secuestrar soldados y salir libre en 48 horas: la impunidad que desangra al Cauca y humilla al Ejército
En Colombia ya no solo se secuestra al soldado: también se le humilla y se le abandona. Mientras los responsables quedaron libres en menos de 48 horas, la senadora Cabal exige que el Estado actúe con firmeza para frenar la impunidad y recuperar la autoridad perdida.
Por Armando Londoño
Fundación para el Periodismo Tinta Indeleble
La senadora y aspirante presidencial María Fernanda Cabal volvió a encender las alarmas sobre el deterioro institucional del país, tras denunciar ante la Fiscalía General de la Nación el secuestro de 57 soldados del Ejército Nacional en El Tambo, Cauca, ocurrido el pasado 22 de junio. Una acción calificada por ella como “terrorismo” y que ha sido minimizada con el más peligroso de los silencios: el de la impunidad.
Según la denuncia radicada, los militares fueron retenidos por presuntos “campesinos” en el corregimiento de El Plateado, zona que desde hace años es controlada por las disidencias de las FARC. Campesinos que, en realidad, serían –según la denuncia y múltiples reportes de inteligencia– civiles instrumentalizados por estos grupos armados ilegales, quienes mantienen un dominio férreo sobre el Cañón del Micay y sectores aledaños.
En cualquier Estado serio, el secuestro de casi sesenta soldados sería un hecho de máxima gravedad, con consecuencias penales, políticas y operativas. Pero en Colombia, apenas bastaron 48 horas para que los responsables del hecho recuperaran su libertad. Ningún capturado. Ninguna imputación. Ninguna orden de captura posterior. Solo una excusa: que eran “comunidades inconformes”. ¿Desde cuándo la inconformidad justifica el delito?
Cabal, en su denuncia, solicita que se identifique a los autores y determinadores del crimen, y se les judicialice conforme a los artículos 11, 132, 133, 134 y 205 del Código de Procedimiento Penal. Además, exige que se adelanten actos urgentes de inspección judicial en la zona para evitar nuevos hechos y para preservar el principio más básico de cualquier Estado de derecho: la justicia.
Pero la justicia parece ser un lujo para los criminales y una tortura para los soldados. Basta con voltear la moneda: si un militar, en medio de una operación, incurriera en una falta, los organismos de control caerían sobre él con todo el peso del código disciplinario. Las ONGs levantarían sus comunicados. Los medios se lanzarían en jauría. Y las redes sociales lo lapidarían.
¿Y aquí? ¿Dónde están esos mismos defensores de derechos humanos cuando es el soldado el secuestrado? ¿Dónde está el gobierno que juró defender la soberanía y la Constitución? ¿Dónde está el presidente Gustavo Petro, que tanto habla de “paz total” mientras permite que los violentos gobiernen por su cuenta territorios enteros?
Lo ocurrido en El Tambo no fue una simple retención. Fue un acto de terrorismo. Un desafío directo al Estado. Un mensaje inequívoco de las disidencias de las FARC: «Aquí mandamos nosotros. Aquí ustedes no entran. Aquí el Ejército se humilla y se arrodilla». Y la respuesta del Estado ha sido, una vez más, el silencio. La claudicación.
Mientras tanto, los soldados –los mismos que arriesgan su vida por la seguridad de los colombianos– son tratados como un obstáculo, como una molestia. El mensaje que reciben es demoledor: si caen en manos de los ilegales, nadie los va a rescatar. Nadie los va a defender. Nadie va a responder.
No es la primera vez que ocurre. Y, lamentablemente, no será la última si no se toman acciones contundentes. Porque lo que no se castiga, se repite. Y cada vez que el Estado abandona a sus hombres, fortalece a quienes lo desafían. Alimenta la ilegalidad. Y asesina la moral de su fuerza pública.
Lo que está en juego no es solo la justicia por este hecho puntual. Es el principio mismo de autoridad. Es la idea de que hay límites que no pueden cruzarse. Es la defensa de quienes visten el uniforme no para oprimir, sino para proteger.
La denuncia de María Fernanda Cabal es un acto de responsabilidad política, pero también un grito desesperado ante un Estado que parece haberse rendido. Es hora de que la Fiscalía actúe. Es hora de que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado. Y es hora de que el país despierte.
Porque si secuestrar soldados en pleno 2025 no tiene castigo, lo que viene después será peor. Mucho peor. Y cuando la legalidad es humillada, la violencia se convierte en ley.
