El proyecto de reforma laboral del Gobierno Petro enfrenta su última oportunidad en el Congreso mientras el Ejecutivo contempla movilizaciones y un posible paro nacional como plan B.

Con el tiempo en contra y una fuerte presión política, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República inician esta semana una carrera contrarreloj para definir el futuro de la reforma laboral, uno de los proyectos insignia del presidente Gustavo Petro. Luego de que la plenaria del Senado aprobara la apelación al archivo del articulado en la Comisión Séptima, la iniciativa fue trasladada a la Comisión Cuarta para retomar su trámite legislativo.

Este lunes 19 de mayo arrancan oficialmente las audiencias preliminares del tercer debate en dicha comisión, presidida por la senadora Angélica Lozano. Durante estas sesiones, se espera recoger aportes de diferentes sectores sociales, sindicales y empresariales para consolidar una nueva ponencia. El cronograma contempla audiencias entre lunes y miércoles, mientras que jueves y viernes se llevará a cabo el trabajo técnico con los coordinadores y el ponente. El objetivo es radicar la ponencia final e iniciar el debate formal entre el 26 y el 30 de mayo.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha advertido que espera que el articulado no termine siendo «peluqueado», en alusión a los recortes o modificaciones sustanciales que podrían desvirtuar la propuesta original. El Ejecutivo ha reiterado su voluntad de diálogo, pero también es consciente de que la reforma enfrenta resistencias profundas dentro del Congreso, donde el proyecto ya había sido archivado anteriormente sin ser debatido.

Frente a este escenario adverso, el Gobierno ha activado su «plan B», que incluye movilizaciones ciudadanas, cabildos abiertos y audiencias públicas para generar presión social y recabar respaldo popular. La estrategia también contempla retomar la idea de una consulta popular, inicialmente hundida, como alternativa para validar el proyecto.

El presidente Gustavo Petro encabezará este mismo lunes un cabildo abierto en Barranquilla, acompañado del ministro del Interior, Armando Benedetti. Este acto será el primero tras el revés sufrido con la consulta, y busca reactivar el impulso del proyecto desde la calle, apelando al respaldo de la ciudadanía. No se descarta, incluso, la convocatoria a un paro nacional como medida de presión al Congreso.

Desde el inicio de su mandato, Petro ha defendido la necesidad de una reforma laboral que mejore las condiciones de los trabajadores, elimine formas de contratación precaria y fortalezca los derechos sindicales. Sin embargo, los sectores empresariales y la oposición han criticado el articulado por considerarlo rígido y potencialmente perjudicial para la generación de empleo formal.

El margen de acción del Ejecutivo es cada vez más estrecho: si la reforma no avanza en los tiempos previstos, podría volver a ser archivada, lo que significaría un nuevo revés político para el presidente en uno de los frentes más sensibles de su agenda. La próxima semana será clave para definir si el Congreso da una nueva oportunidad al proyecto o si el Gobierno tendrá que recurrir al respaldo en las calles para mantener viva su ambiciosa propuesta laboral.

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