La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático puso en evidencia la manera en que de parte del Ejecutivo aumentó la contratación estatal, lo que ha puesto, según ella, en riesgo las finanzas del Estado.

La contratación estatal a través de órdenes de prestación de servicios (OPS) se convirtió en el nuevo blanco de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal. El domingo 7 de septiembre de 2025, la congresista del Centro Democrático expuso unas cifras que calificó como “astronómicas”, asegurando que, a 335 días de terminar el mandato, Gustavo Petro mantiene un “festival burocrático” que amenaza la estabilidad fiscal del país.

De acuerdo con la investigación presentada por Cabal, los datos consolidados de las plataformas oficiales Secop I y Secop II muestran un incremento sin precedentes en el número de contratos OPS, que en total suman más de $14,6 billones entre agosto de 2022 y julio de 2025. Para la senadora, este crecimiento desenfrenado no es un simple indicador administrativo, sino la prueba del despilfarro del Ejecutivo y de una expansión burocrática que “se traga recursos que deberían dirigirse a inversión social productiva”.

Los números que encendieron la polémica

El detalle revelado por la congresista muestra un panorama que ella considera alarmante:

  • Secop I: 669 contratos de prestación de servicios con 147 contratistas, por $5.582 millones. En 2022 se firmaron 74 contratos ($638 millones), en 2023 fueron 234 ($1.708 millones), en 2024 se registraron 201 ($1.659 millones) y en 2025, hasta julio, ya iban 160 ($1.576 millones).
  • Secop II: 382.189 contratos con 167.045 contratistas, por un total de $14,62 billones. El crecimiento es abismal: en 2022 fueron 18.876 contratos ($299.180 millones); en 2023 la cifra se disparó a 116.695 contratos ($3,91 billones); en 2024 llegó a 145.498 ($5,53 billones); y en 2025, hasta mitad de año, ya iban 101.120 ($4,87 billones).

Cabal advirtió que esta dinámica configura un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas y cuestionó la capacidad del Gobierno para justificar semejante expansión. “Estamos frente a una maquinaria de contratos que solo alimenta clientelismo y burocracia, sin resolver los problemas estructurales del país”, dijo en sus declaraciones.

OPS: un viejo debate, ahora desbordado

Las órdenes de prestación de servicios son un mecanismo legal para vincular a personas naturales en proyectos específicos, pero su uso reiterado como reemplazo de empleos permanentes en el Estado ha sido duramente cuestionado. Cabal recordó que esta figura precariza a los contratistas —pues no les otorga estabilidad laboral— y, al mismo tiempo, se convierte en un canal para engordar la nómina paralela con fines políticos.

En este caso, la magnitud de los contratos denunciados por la senadora expone un doble problema: por un lado, la inequidad frente a trabajadores de planta; y por otro, el impacto sobre el presupuesto nacional, cada vez más comprometido en rubros de funcionamiento, en detrimento de la inversión.

Implicaciones políticas y económicas

El señalamiento llega en un momento crítico para el Gobierno, que enfrenta presiones fiscales, bajo crecimiento económico y tensiones sociales por la falta de ejecución en sectores claves. Para la oposición, las cifras de OPS son una muestra del contraste entre el discurso de austeridad del presidente Petro y la realidad de un gasto público que se dispara en burocracia.

Cabal, en calidad de precandidata presidencial, utilizó este caso para fortalecer su narrativa contra el modelo de gobierno del Pacto Histórico: “El Estado no puede ser un botín político. Petro está hipotecando el futuro del país para sostener su proyecto ideológico”.

La controversia sobre las OPS promete convertirse en uno de los ejes del debate político rumbo al 2026. De fondo está la discusión sobre el uso del aparato estatal: ¿instrumento de transformación social o plataforma para expandir burocracia y clientelismo?

Lo cierto es que, con las cifras reveladas, el debate ya salió de los informes técnicos para instalarse en el centro de la agenda pública, con el Gobierno obligado a responder por qué, en plena crisis económica, la contratación por OPS alcanzó niveles históricos.

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