De la Calle y Jaramillo acusan a Petro de “desdén” hacia la seguridad de la oposición tras asesinato de Miguel Uribe
Exjefe negociador Humberto de la Calle y excomisionado Sergio Jaramillo responsabilizan al presidente Gustavo Petro de incumplir las garantías de seguridad para la oposición, tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sigue generando un profundo impacto político y social en Colombia. En esta ocasión, dos de los arquitectos del Acuerdo de Paz de 2016 —el exjefe negociador Humberto de la Calle y el excomisionado para la Paz Sergio Jaramillo— emitieron un duro pronunciamiento contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de actuar con “desdén e indiferencia” frente a la implementación de las garantías de seguridad para la oposición política, contempladas en el pacto firmado con las extintas Farc.
En un extenso comunicado, De la Calle y Jaramillo condenaron el “cobarde y doloroso” magnicidio de Uribe Turbay, a quien definieron como “fiel opositor, entregado a la cosa pública y un demócrata”. Para ambos, el hecho constituye no solo una tragedia personal y política, sino también un “durísimo golpe” al espíritu y a los compromisos del Acuerdo de Paz.
El texto recuerda que uno de los principios centrales del acuerdo era romper el vínculo entre armas y política, lo que implicaba no solo el desarme de las Farc, sino la creación de un escenario con “las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política” y, de forma particular, para la oposición.
El Estatuto de Garantías y el Sistema Integral de Seguridad
Los exfuncionarios subrayaron que, tras 27 años de espera y 12 intentos fallidos, en 2018 el Congreso aprobó la Ley 1909 —vía “fast track”— que dio vida al Estatuto de Garantías para la Oposición, cumpliendo así con lo estipulado en el artículo 112 de la Constitución y en el Acuerdo de Paz.
Este marco legal otorgó a los partidos declarados en oposición derechos inéditos en el país, como la posibilidad de responder en igualdad de condiciones a las intervenciones presidenciales, acceso equitativo a medios de comunicación y la obtención automática de curules para ejercer control político cuando no resultan victoriosos en elecciones.
Sin embargo, según De la Calle y Jaramillo, de todos estos derechos el más importante es el de la protección física, que se materializa a través del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, reglamentado por el Decreto 895 de 2017. Dicho sistema contempla programas específicos para proteger a los líderes y miembros de partidos de oposición, así como la promoción de la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización.
Acusaciones directas contra el presidente Petro
El comunicado denuncia que el presidente Petro ha mostrado hacia este sistema “la misma actitud que frente a todo el Acuerdo: de desdén e indiferencia, por no decir de desprecio”. Critican, además, que el actual alto comisionado para la Paz haya afirmado recientemente que existe un “divorcio” dentro del Gobierno respecto a la implementación del acuerdo y que su oficina no es la responsable directa, delegando la tarea a un “funcionario de tercer nivel”.
Para los firmantes, esta falta de compromiso ha dejado a las regiones más afectadas por el conflicto, como las zonas PDET, en manos del crimen organizado. “En lugar de implementar el Acuerdo con las comunidades y construir paz y seguridad, empodera a las bandas y disidencias sentándose con ellas sin propósitos ni métodos claros y sin un marco legal”, advierten.
El señalamiento se agrava por las versiones preliminares que vinculan a la disidencia de las Farc conocida como Segunda Marquetalia con el asesinato de Uribe Turbay. De confirmarse, aseguran, quedaría en evidencia “la terrible equivocación” de la estrategia gubernamental.
Lecciones internacionales y llamado a la acción
En su pronunciamiento, De la Calle y Jaramillo evocan el proceso de paz en Irlanda del Norte, recordando que una de las peores masacres fue perpetrada por una disidencia del IRA apenas cuatro meses después del Acuerdo de Viernes Santo. No obstante, resaltan que el gobierno británico perseveró durante casi una década hasta consolidar una paz relativa.
“La historia de Colombia no tiene por qué repetirse si el Gobierno hace lo que tiene que hacer”, sostienen, instando a Petro a asumir su “responsabilidad legal y constitucional” de proteger tanto a la oposición como a los excombatientes firmantes de paz. Esto implica implementar plenamente el Sistema Integral de Seguridad y fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado, debilitadas en los últimos años.
Un magnicidio que sacude el panorama político
Miguel Uribe Turbay, cabeza de lista al Senado y precandidato presidencial por el Centro Democrático, se había consolidado como uno de los más visibles y férreos opositores al gobierno de Gustavo Petro. Su asesinato no solo ha dejado un vacío en la bancada opositora, sino que ha elevado el nivel de tensión política en el país, en un contexto marcado por el deterioro de la seguridad y el recrudecimiento de las acciones de grupos armados ilegales.
El comunicado de De la Calle y Jaramillo es, hasta ahora, uno de los pronunciamientos más contundentes contra la gestión de Petro en materia de seguridad política. Su mensaje combina la condena al crimen, la defensa de los avances del Acuerdo de Paz y una advertencia directa: sin garantías reales para el ejercicio de la oposición, la democracia colombiana enfrenta un riesgo grave y creciente.
