Los migrantes en Estados Unidos que incumplan con esto, podrán recibir fuertes sanciones.

A partir del 11 de abril de 2025, todos los extranjeros mayores de 14 años que se encuentren en territorio estadounidense deberán cumplir con una nueva exigencia migratoria establecida por el Gobierno de Donald Trump, como parte de la orden ejecutiva n.º 14159. Esta medida, que entrará oficialmente en vigor en esa fecha, obliga a los migrantes —sin importar su estatus migratorio— a registrarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

La disposición forma parte del paquete de reformas migratorias impulsadas por la administración Trump en su segundo mandato, con el objetivo de fortalecer el control migratorio y actualizar el registro de ciudadanos extranjeros que permanecen en el país. La normativa contempla sanciones más severas para quienes incumplan con este proceso de registro obligatorio, incluyendo posibles multas, deportaciones o detención temporal.

Requisitos del registro

Como parte del proceso, los extranjeros deberán diligenciar el formulario G-325R, someterse a la toma de huellas dactilares y a otras verificaciones biométricas establecidas por la USCIS. Una vez completado el procedimiento y revisados los antecedentes de cada persona, el Gobierno expedirá un comprobante de registro que deberá ser portado por quienes residan en el país por más de 30 días, sin importar si su estatus es legal o irregular.

El incumplimiento de esta obligación podrá acarrear consecuencias administrativas y legales. Adicionalmente, los migrantes estarán en la obligación de notificar cualquier cambio de domicilio en un plazo máximo de diez días hábiles, también ante la USCIS. No hacerlo podría afectar negativamente futuras solicitudes migratorias o complicar procesos de regularización.

¿Quiénes estarán exentos?

De acuerdo con lo informado por las autoridades, estarán exentos de este nuevo registro los extranjeros que ya hayan cumplido con este trámite al momento de su ingreso al país, aquellos que actualmente estén tramitando su residencia legal, así como los beneficiarios de programas de parole humanitario.

Sin embargo, la administración Trump ha sido enfática en que todos los demás migrantes —incluso quienes ya lleven tiempo en el país sin autorización— deberán cumplir con la nueva normativa a partir del 11 de abril, fecha a partir de la cual se activarán los mecanismos de control y verificación.

Justificación y reacciones

Desde la Casa Blanca, el Gobierno ha justificado la implementación de esta medida bajo el argumento de que busca mejorar la eficiencia administrativa, garantizar la seguridad nacional y mantener actualizado el censo de extranjeros en Estados Unidos. No obstante, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado preocupación por el posible uso de la información recopilada para adelantar procesos masivos de deportación.

La orden ejecutiva n.º 14159 es, hasta el momento, uno de los principales instrumentos del actual gobierno para reconfigurar la política migratoria estadounidense. La medida genera expectativa y alarma entre las comunidades migrantes, al tiempo que plantea nuevos desafíos para quienes buscan regularizar su situación o simplemente permanecer en el país sin exponerse a sanciones.

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