El escándalo de Juliana Guerrero: vuelos oficiales, cargos sin requisitos y el desafío de Petro a la legalidad
Cabal denuncia que Juliana Guerrero gastó más de 120 millones en vuelos oficiales, llevó familiares en aeronaves de la Policía y fue nombrada viceministra sin cumplir los requisitos de ley.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal encendió un nuevo debate nacional al revelar una serie de denuncias que comprometen directamente a Juliana Guerrero, designada por el presidente Gustavo Petro como viceministra de la Juventud en el Ministerio de Igualdad. Según los hallazgos divulgados por la congresista en su cuenta de X bajo la etiqueta #ElPoderGuerrero, el caso no solo expone presuntos abusos de poder y uso indebido de recursos públicos, sino que también pone en evidencia cómo el propio mandatario estaría retando de manera abierta las normas que regulan el acceso a la función pública.
Una viceministra sin requisitos
La primera irregularidad señalada por Cabal apunta a la hoja de vida de Guerrero. La normatividad es clara: para ocupar el cargo de viceministra de Juventud se requiere título profesional y posgrado o, en su defecto, título profesional y al menos 24 meses de experiencia profesional relacionada.
“De acuerdo con la hoja de vida publicada, no cumple con ninguno de estos requisitos”, denunció la senadora, recordando que la designada obtuvo su título en contaduría “de manera exprés”. La referencia está sustentada en la Resolución 178 del 10 de abril de 2024, que regula las condiciones para la designación.
Este vacío, de comprobarse, configuraría un acto de nombramiento ilegal que no solo debilita la transparencia institucional, sino que alimenta el argumento de Cabal: “Petro desafía abiertamente la ley con tal de imponer a sus fichas políticas”.
El lujo de volar con recursos públicos
El segundo capítulo del escándalo son los viajes de Juliana Guerrero en aeronaves oficiales de la Policía Nacional. Cabal reveló que el 19 de junio de 2025, el avión PNC-0242 (ATR) operó la ruta Bogotá–Valledupar. El trayecto costó $34.726.028, cubierto a través del Convenio Interadministrativo 400 entre el Ministerio del Interior y la Policía, por un valor total de 7.000 millones de pesos.
Lo grave no es solo el costo: según la información publicada, Guerrero viajó junto con su hermana, quien no ostentaba cargo alguno en el Ministerio del Interior ni en el Gobierno. En otras palabras, el país pagó más de 34 millones de pesos para que dos personas ocuparan una aeronave con capacidad para 44 pasajeros.
“¿Qué propósito tenían las hermanas Guerrero para usar un avión oficial solo para ellas?”, cuestionó Cabal, subrayando que el viaje no correspondía a ninguna función amparada en el manual de funciones de Guerrero como asesora del Ministerio del Interior.
Representación sin facultades
La senadora también reveló que, de acuerdo con información oficial, Juliana Guerrero viajó a Valledupar para asistir al Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, en calidad de designada de la Presidencia de la República.
Pero aquí surge otra irregularidad: la Presidencia no tiene competencia legal ni constitucional para disponer de funcionarios de otro ministerio, ni mucho menos para delegarlos en funciones que no les corresponden. Así lo admitió el propio Ministerio del Interior, según los documentos citados por Cabal.
“¿Con qué autorización usó un avión de la Policía Nacional sin estar en misión oficial de su cargo? ¿Con qué facultad la Presidencia la envió a representar al Gobierno?”, preguntó la senadora.
Este episodio abre la puerta a un debate mayor: si la delegación fue ilegal, el uso de recursos públicos en este contexto podría configurarse como un claro abuso de poder y peculado por uso.
Más de 120 millones en vuelos oficiales
La investigación de Cabal no se limita a un solo viaje. Según la congresista, Juliana Guerrero habría realizado siete desplazamientos aéreos en aeronaves oficiales, con un costo total que supera los 120 millones de pesos.
Estos hallazgos fueron denunciados el 22 de julio de 2025 ante la Procuraduría General de la Nación, instancia que deberá determinar si existió un uso indebido de aeronaves de la Policía y si hay lugar a sanciones disciplinarias.
El desafío abierto de Petro
El escándalo no es un hecho aislado. Representa, según Cabal, un patrón en el que el presidente Petro premia la lealtad política por encima del mérito y de la ley. La designación de Guerrero, sostiene la senadora, “es una provocación directa al orden institucional”.
Para la precandidata presidencial, el mensaje del jefe de Estado es claro: “él mismo lo dijo, quiere desafiar la legalidad. Y lo hace nombrando a personas que no cumplen requisitos, utilizando aviones oficiales como taxis privados y enviando emisarios sin competencia legal”.
Lo que está en juego
El caso de Juliana Guerrero plantea preguntas de fondo para la opinión pública:
- ¿Hasta qué punto el presidente puede manipular los cargos públicos para beneficiar a cercanos, sin respetar la normatividad?
- ¿Es legítimo que recursos de la Policía, destinados a la seguridad ciudadana, se utilicen como transporte exclusivo de funcionarios y sus familiares?
- ¿Qué capacidad real tienen los órganos de control para frenar estas prácticas en un Gobierno que se declara dispuesto a “desafiar” la ley?
La denuncia de Cabal no solo destapa presuntos abusos individuales, sino que expone un modelo de gobernanza donde la norma se supedita a la voluntad presidencial. Un modelo que, de confirmarse, pone en entredicho los principios más básicos del Estado de derecho en Colombia.
