Hoy expropian al campesino, mañana van por el urbano: Cabal demanda decreto de Petro que impone control estatal sobre tierras privadas
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal radicó demanda de nulidad contra el Decreto 033 de 2025, denunciando que viola el derecho a la propiedad privada en 82 municipios. Acusa al gobierno Petro de impulsar una reforma agraria encubierta y arbitraria.
“Esta es una emboscada contra la libertad y la propiedad privada. Hoy pretenden expropiar a los campesinos con decretos tramposos, mañana lo harán en las ciudades. No lo vamos a permitir”.
Con estas palabras, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal lanzó un torpedo jurídico contra el Decreto 033 de 2025, expedido por el Gobierno Petro, que impone trabas a la compraventa de tierras rurales y otorga poder privilegiado a la Agencia Nacional de Tierras para intervenir en operaciones privadas.
La congresista interpuso ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional, advirtiendo que este es “otro paso del petrismo hacia la asfixia institucional y el totalitarismo disfrazado de justicia social”.
Para Cabal, no se trata de una simple regulación administrativa, sino de una embestida directa y arbitraria contra la propiedad privada, uno de los principios fundacionales del orden constitucional colombiano. “Este decreto es una expropiación disfrazada, un asalto burocrático que pisotea la libertad, la legalidad y los derechos adquiridos de miles de campesinos y propietarios rurales”, declaró la senadora.
Un decreto inconstitucional e ilegítimo
La demanda —radicada formalmente ante la Sección Primera del Consejo de Estado— sostiene que el decreto vulnera el artículo 58 de la Constitución, que protege el derecho a la propiedad privada y prohíbe su desconocimiento sin una ley formal, motivación de utilidad pública, ni indemnización. Cabal subraya que el Gobierno ha optado por “torcer” el derecho a punta de decretos, evadiendo al Congreso y eliminando cualquier debate democrático.
“El presidente Petro ya no se molesta en ocultar su desprecio por la legalidad. Está intentando imponer una reforma agraria por la puerta de atrás, sin ley, sin compensación y sin ningún respeto por el principio de legalidad”, sentenció Cabal.
El Decreto 033 condiciona el registro de escrituras de predios rurales a la autorización previa del Estado, lo cual —a juicio de la demandante— configura una restricción injustificada e inconstitucional a la libre disposición de la propiedad.
“Estamos frente a una figura de control estatal total, que anula de facto el derecho de venta. Esto no es regulación, es un embargo administrativo disfrazado de política agraria”, se lee en el escrito judicial.
“Una amenaza para todo el país”
Más allá del ámbito rural, la senadora advirtió que la medida sentará un peligroso precedente. “Hoy pretenden controlar la venta de tierras rurales, mañana harán lo mismo con la propiedad urbana. Este gobierno quiere un país sin propietarios, con todo en manos del Estado. Y no lo vamos a permitir”, afirmó con contundencia.
La parlamentaria recordó que los gobiernos totalitarios comienzan por debilitar el derecho de propiedad, para luego arrasar con las libertades individuales. “Este es el modelo cubano reencauchado. No nos dejemos engañar con discursos de equidad mientras destruyen los cimientos de una economía libre”, agregó.
Suspensión provisional urgente
En su demanda, Cabal solicitó como medida cautelar la suspensión provisional inmediata del decreto, argumentando que su aplicación causa un daño grave e irreparable al derecho de propiedad y al orden jurídico. Cita expresamente los conceptos de fumus boni iuris y periculum in mora, al advertir que el decreto viola múltiples normas superiores y que su ejecución puede consolidar situaciones jurídicas de hecho muy difíciles de revertir.
Entre las normas constitucionales invocadas en la demanda se encuentran los artículos 6, 29, 58, 121, 150, 209 y 333 de la Carta Política. Según la senadora, la medida también vulnera el principio de libertad económica al establecer controles previos para ejercer una actividad completamente lícita: la compraventa de inmuebles.
El verdadero rostro de la ANT
Uno de los puntos más críticos de la demanda se centra en el rol de la Agencia Nacional de Tierras, que, según el decreto, podrá ejercer un “derecho preferente de compra” sobre predios rurales. Cabal considera que esta figura no solo es inconstitucional por carecer de sustento legal, sino que convierte a la ANT en un ente con poderes cuasi-expropiatorios, sin control judicial ni legislativo.
“Estamos ante un aparato estatal que se arroga facultades de compra forzosa, sin ley, sin transparencia y sin criterios técnicos. Esto es el germen de una dictadura agraria donde ningún propietario estará seguro”, denunció Cabal.
¿Reforma agraria o confiscación encubierta?
La senadora se mostró particularmente crítica frente al discurso oficial que justifica el decreto como parte de una política de redistribución de tierras. A su juicio, esta narrativa es una coartada ideológica que esconde una intervención estatal profundamente autoritaria. “Una cosa es la justicia social y otra muy distinta es la confiscación encubierta. El Estado no puede disfrazar el despojo con el lenguaje de los derechos”, puntualizó.
El primer gran pulso jurídico contra el Petro-decretazo
La demanda de Cabal marca el primer gran pulso jurídico contra el intento del presidente Petro de rediseñar el campo colombiano por decreto. La batalla está planteada en los tribunales, pero la senadora también la traslada al debate público, al denunciar que se está desmontando el Estado de Derecho en nombre de un proyecto ideológico que desprecia la propiedad privada y busca someter al país a una economía estatista.
En un país donde la propiedad de la tierra ha sido históricamente un tema conflictivo, la estrategia del Gobierno podría terminar no resolviendo tensiones, sino profundizándolas, al alimentar la desconfianza de los propietarios, empresarios y agricultores que sostienen la productividad del campo.
Cabal, por su parte, se consolida como una de las pocas voces dispuestas a enfrentarse sin ambigüedades al modelo estatista de Petro. Su mensaje es claro y confrontacional: “La libertad no se negocia. Y la propiedad privada no se toca”. El Consejo de Estado tiene ahora la palabra, pero el país ya está en vilo.
