¿Premio a los capos? Petro alista ley para liberar narcos a cambio de sumarse a su ‘paz total’
La senadora María Fernanda Cabal, y líder de la oposición denuncia que el Gobierno busca pagar con impunidad los votos del “Pacto de La Picota”. Narcos, asesinos y secuestradores quedarían libres tras solo cinco años de cárcel y condiciones ridículas como vivir en “colonias agrícolas”.
El Gobierno de Gustavo Petro presentará este 20 de julio un proyecto que, de aprobarse, permitiría que narcotraficantes, extorsionistas, asesinos y cabecillas de las estructuras criminales más sanguinarias del país salgan de prisión tras apenas cinco años de condena. La fórmula para su libertad: acogerse al discurso oficial de la “paz total”.
Pero no se trata de paz. Se trata de pago político, canje de votos por impunidad, según denunció la senadora María Fernanda Cabal, quien calificó el proyecto como “una licencia para delinquir”.
“Este es el pago de Petro a los criminales que participaron en el infame pacto de La Picota. A cambio de más de un millón y medio de votos conseguidos con el apoyo de mafiosos, ahora les quieren regalar impunidad”, denunció Cabal en su cuenta de X.
Y no es una exageración. El texto preliminar del proyecto, revelado por El Tiempo, plantea una reforma profunda a la Ley de Justicia y Paz, con el objetivo de ofrecer beneficios judiciales a estructuras armadas que hoy negocian con el Gobierno bajo la sombrilla de la “paz total”.
¿Qué plantea Petro?
Bajo el nuevo esquema, cabecillas como alias Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo, podrían salir de prisión con una simple fórmula: entregar armas, “portarse bien”, liberar menores reclutados y firmar que ya no delinquen. ¿El premio? Entre 5 y 8 años de cárcel, incluso para delitos atroces, y si ya cumplieron ese tiempo, libertad condicional inmediata. Para miembros rasos, las penas irían de 2 a 5 años, también con posibilidad de salir libres.
Como si eso no fuera insultante, el lugar de reclusión ya no sería una cárcel, sino “colonias agrícolas” o “casas étnicas”, lo que Cabal calificó como una burla:
“Esto no es justicia. Es complicidad. Es la manera en la que Gustavo Petro busca proteger a sus aliados criminales y evitar que sean extraditados a los Estados Unidos, donde sí enfrentarían penas ejemplares”.
La lista de premiados: jefes del narcotráfico y organizaciones criminales
Entre los posibles beneficiarios están estructuras como:
- La Oficina de Medellín
- Los Shottas de Buenaventura
- Los Mexicanos de Quibdó
- La Inmaculada de Tuluá
- La Segunda Marquetalia de Iván Márquez
- Los Costeños y otras facciones que han sembrado el terror en regiones enteras
Alias como ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Pesebre’, ‘Vallejo’, ‘Pipe Tuluá’ y ‘Castor’ ya han pagado cinco años de cárcel. Bajo esta ley, solo tendrían que presentar una “certificación de buena conducta” expedida por el Alto Comisionado para la Paz, y quedarían en libertad.
Extradiciones congeladas, bienes para “reinserción” y justicia desfigurada
El proyecto también contempla la suspensión de extradiciones a Estados Unidos y un reparto de los bienes incautados: 65% para reparar víctimas, 20% para proyectos estatales y 15% para programas de reinserción de los criminales. Es decir, el dinero del narcotráfico terminaría financiando su propia reintegración, con el sello oficial del Estado.
La senadora Cabal lanzó una advertencia: “Con este gobierno, los delincuentes hacen campaña, negocian leyes y pronto dormirán en casa”. Y recordó que muchos de estos criminales fueron los mismos que participaron en el infame tarimazo —acto de campaña donde se subieron a tarimas junto a Petro y ofrecieron votos a cambio de beneficios.
“Pretenden disfrazar esta burla a las víctimas como ‘paz total’, cuando en realidad es una paz a la medida de los narcos. Con Petro, la justicia se somete a los capos”, sentenció Cabal.
La oposición se alista para frenar lo que califican como “la legalización del crimen”
Desde el Congreso, sectores independientes y de oposición ya alertan sobre el peligro de generalizar beneficios sin revisar caso por caso. No habrá distinción entre quien reclutó un menor o quien dirigió una masacre, mientras cumpla con unos requisitos formales. La ley se aplicaría como una fórmula matemática, sin memoria, sin justicia real.
Cabal confirmó que radicará ponencia negativa y que elevará una denuncia internacional por violación a los derechos de las víctimas, si el Congreso insiste en avanzar con esta propuesta.
