En la antesala del Día del Investigador de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, que se conmemora este 17 de julio, los académicos hacen un llamado a fortalecer la formación, la ética y la tecnología en el sector.

El 17 de julio no es solo una fecha para conmemorar el Día del Investigador de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, sino también una oportunidad para visibilizar los complejos desafíos que enfrentan quienes buscan justicia desde la recolección de pruebas, el análisis técnico y el trabajo de campo. Así lo advierten expertos en criminología e investigación criminal de la Universidad del Rosario, al resaltar los obstáculos que afrontan estos profesionales fundamentales para el funcionamiento de la justicia en el país, especialmente en contextos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y crimen organizado.

“Queremos agradecer y reconocer a quienes realizan esta labor imprescindible. Su trabajo es clave para la consolidación del Estado de Derecho y la construcción democrática del país”, afirmó Samuel Escobar, director del pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Samuel Escobar, director del pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Pero detrás del reconocimiento, persisten realidades complejas. Para Mercedes Cevallos, directora del Área de Investigación Criminal del pregrado, el panorama es preocupante: “Los investigadores criminales enfrentan sobrecarga laboral, escasez de herramientas tecnológicas y una preocupante desarticulación entre los actores del sistema judicial. A esto se suma un problema aún más profundo: la corrupción institucional y la pérdida de independencia técnica”.

La situación se agrava en casos relacionados con corrupción o derechos humanos, donde los investigadores pueden ser objeto de presiones políticas, amenazas o represalias. “No solo están expuestos a obstáculos institucionales, sino también a riesgos personales. Esto vulnera no solo al profesional, sino a todo el sistema de justicia”, advirtió Cevallos.

Además, la falta de recursos tecnológicos, como inteligencia artificial, análisis de datos o bases interoperables, impide a los cuerpos investigativos seguir el rastro de estructuras criminales complejas. “Desarticular el crimen organizado exige golpear sus redes financieras. Eso no se logra si seguimos operando con herramientas tradicionales”, enfatizó Cevallos. Si bien Escobar concuerda en la importancia de estas herramientas, recuerda que deben emplearse con una mirada crítica que atienda sus dificultades, limitantes y posibilidades de abuso.

Ambos académicos subrayan que la solución pasa por la tecnificación del proceso investigativo, el fortalecimiento de la independencia y un relevo generacional en las entidades judiciales, como la Fiscalía. “La experiencia es valiosa, pero debe combinarse con actualización constante. Formar en delitos económicos y adoptar nuevas tecnologías es urgente”, dijo Cevallos.

“Desde la academia hemos venido impulsando la formación de investigadores criminales con capacidades éticas, técnicas y críticas para afrontar un complejo contexto nacional e internacional”, resaltó Escobar. En este contexto, la universidad ha diseñado el pregrado en Criminología e Investigación Criminal como una apuesta de largo aliento por la profesionalización del sector. “Nuestros estudiantes enfrentan desde su formación los dilemas éticos, las presiones institucionales y los retos prácticos de la investigación. La ética, la honestidad y la reflexividad son ejes transversales de nuestro plan de estudios”, aseguró.

Mercedes Cevallos, directora del Área de Investigación Criminal del pregrado.

“La presión institucional, mediática y política es real. Por eso formamos investigadores con una sólida base teórico-práctica y un componente ético robusto, que les permita mantener su objetividad frente a cualquier sesgo o interés externo”, complementó Cevallos.

El Día del Investigador de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, que está relacionado con la firma del Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, sirve no solo para rendir homenaje, sino para poner sobre la mesa una discusión urgente: la justicia penal solo será efectiva si se protege a quienes la hacen posible y si se garantiza que cuenten con los recursos, la formación y la independencia necesarios para actuar con integridad, agregó la directora del Área de Investigación Criminal del pregrado

Cabe señalar que la criminología responde empíricamente a preguntas amplias sobre el crimen y el castigo: por qué las personas cometen delitos, cómo prevenirlos con políticas públicas y privadas, si es adecuada la reacción social ante el delito, cómo debe ser el tratamiento carcelario y penitenciario y cómo evitar la reincidencia. Por su parte la investigación criminal busca responder a interrogantes relacionados con la demostración del hecho criminal: quién lo cometió, cómo probarlo y cómo construir procesos judiciales sólidos.

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