Terroristas del EMC amenazan con “ley 002” a comerciantes y ganaderos en Caquetá y Putumayo
Video intimidante del cabecilla “Negro Primo” exige tributo forzado a nombre de la paz; la senadora Cabal exige acciones y rechaza impunidad.
Una nueva amenaza criminal recorre los departamentos de Putumayo y Caquetá, donde comerciantes, ganaderos y agricultores han sido intimidados por las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC), que exigen pagos extorsivos bajo la figura de una supuesta “ley 002”. Un video difundido en redes sociales y cadenas de WhatsApp muestra a alias “Negro Primo”, cabecilla del frente Carolina Ramírez, lanzando advertencias armadas en plena zona selvática.
Sentado con actitud desafiante, rodeado por al menos seis hombres fuertemente armados y pancartas subversivas, el criminal hace un llamado a la población productiva de la región para que se presente ante sus estructuras ilegales, supuestamente con el objetivo de “llegar a acuerdos” relacionados con esta “ley 002”, una ficción normativa utilizada por los grupos armados para imponer cobros obligatorios a la ciudadanía.
“A todos los comerciantes de Putumayo y Caquetá les extendemos la invitación a que se acerquen ante las unidades nuestras del frente Carolina Ramírez (…) para que lleguemos a una conversación que nos permita llegar a un acuerdo acerca del cumplimiento de la ley 002 (…) o el aporte que se debe hacer, mejor, hacia la paz”, dice el cabecilla, empuñando un fusil de asalto.
Aunque el video intenta disfrazar la amenaza de un mensaje de conciliación, el subtexto es claro: si no pagan, vendrán represalias. “Este primer llamado es fraterno, por la vía decente, de la educación, para no tener que llegar a vías de hecho”, advierte “Negro Primo”, en lo que para las comunidades locales no es más que una extorsión con lenguaje político.
La situación es aún más preocupante dado que en los departamentos de Putumayo y Caquetá convergen distintas facciones armadas, incluidas otras disidencias como la Segunda Marquetalia, los Comandos de Frontera y grupos bajo el mando de alias “Calarcá”. Todos estos grupos se disputan el control territorial y las rentas ilegales, como el narcotráfico, la minería criminal y la extorsión, generando una espiral de violencia que mantiene bajo constante zozobra a las comunidades rurales.
Reacción política
La senadora María Fernanda Cabal, reconocida por su férrea oposición a cualquier tipo de pacto con grupos armados ilegales, reaccionó con indignación ante el video. A través de su cuenta en X, manifestó:
“Basta ya de la tiranía del miedo y de la extorsión. Conozco este país y me duele e indigna lo que le pasa a cientos de miles de colombianos. Hay que acabar con los pactos con el terrorismo y con la impunidad”.
La senadora también envió un mensaje directo a los empresarios rurales que hoy se sienten desprotegidos:
“A los ganaderos, comerciantes y agricultores les digo: no están solos. Su trabajo, su esfuerzo y su empresa son el motor que impulsa la prosperidad de nuestras regiones. Merecen vivir y trabajar con dignidad y tranquilidad”.
Cabal propuso una política de seguridad decidida a partir de 2026, que refuerce la presencia institucional en regiones abandonadas por el Estado y ponga fin al control territorial de los grupos armados:
“Debemos crear unidades operativas para capturar a los criminales y llevarlos ante la justicia. Un mejor país es posible y lo lograremos de la mano de Dios y con la ayuda de ustedes”.
¿Y el Estado?
La grabación del frente Carolina Ramírez ya está en poder de las Fuerzas Militares, según fuentes oficiales, aunque no se ha conocido hasta el momento una reacción contundente del gobierno nacional. En repetidas ocasiones, líderes gremiales han denunciado que los procesos de diálogo con estos grupos, impulsados por la política de “paz total”, han sido aprovechados por las disidencias para fortalecerse, rearmarse y expandir sus esquemas de control económico y social.
Mientras tanto, cientos de comerciantes y productores rurales en el sur del país viven bajo amenaza, con miedo a salir a sus fincas, a transportar ganado o productos agrícolas, y sin garantías para denunciar las presiones que reciben de los grupos armados.
La supuesta “ley 002” no es más que una pantalla para legitimar el cobro de vacunas y financiar operaciones ilegales. Su vigencia se mantiene por la ausencia de Estado y por la permisividad con la que estos grupos siguen ejerciendo poder en vastas zonas del país.
Colombia parece atrapada en un ciclo de acuerdos rotos y promesas incumplidas. La seguridad de los ciudadanos sigue dependiendo más del azar que de la acción institucional.
