¿Marchas espontáneas o financiadas? Cabal pone en la mira los giros a resguardos indígenas
Según la líder opositora, estos recursos han sido utilizados para garantizar el respaldo de la minga a las marchas convocadas por el presidente. Entre los principales beneficiarios están el CRIC, la ONIC y la OPIAC, organizaciones clave en la movilización social a favor del petrismo. La denuncia, acompañada del hashtag #NoHayMarchaGratis, cuestiona la transparencia en la ejecución de estos fondos y advierte sobre el uso de recursos públicos con fines políticos.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal lanzó una fuerte denuncia contra el gobierno de Gustavo Petro, revelando que, desde su llegada al poder, ha girado más de $537.810 millones a resguardos indígenas.
Según la congresista, estos recursos no son simples ayudas sociales, sino una estrategia de financiamiento encubierto para garantizar la participación de ciertos grupos en las marchas convocadas por el mandatario, en especial de organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), dos de los principales promotores de las movilizaciones a favor del Gobierno
Cabal, a través del hashtag #NoHayMarchaGratis, advirtió que el apoyo de comunidades indígenas no es espontáneo ni desinteresado, sino parte de un engranaje financiado con dinero público. «Los colombianos deben entender que el respaldo a Petro y su intento de golpe de Estado no es gratuito», afirmó la senadora.
Los millonarios giros a la «minga»
Cabal desglosó los montos asignados a las comunidades indígenas, señalando que los convenios interadministrativos suman $442.219 millones, mientras que los subsidios gestionados a través del Ministerio de Vivienda y Prosperidad Social alcanzan los $95.591 millones. Entre los principales beneficiarios de estos giros se encuentran:
- CRIC: $177.726 millones
- ONIC: $95.178 millones
- OPIAC: $33.534 millones
- AICO: $13.997 millones
- Otras comunidades: $121.782 millones
Estos datos plantean serios interrogantes sobre la verdadera utilización de los recursos y si han llegado efectivamente a las comunidades indígenas o han sido instrumentalizados con fines políticos.
El rol de la «minga» en la narrativa oficialista
La congresista del Centro Democrático señaló que tanto el CRIC como la ONIC han sido piezas clave en la estrategia de movilización del petrismo, actuando como un brazo operativo para presionar decisiones legislativas y respaldar las convocatorias del presidente.
«Son cientos de miles de millones de pesos en contratos de los que poco o nada se sabe sobre su ejecución», afirmó Cabal en sus redes sociales, exigiendo transparencia sobre el destino de estos fondos.
Cabal también cuestionó la asignación de $7000 millones para la implementación de un modelo de salud propia por parte de OPIAC, insinuando que el Gobierno no ha entregado explicaciones claras sobre el avance de este proyecto.
Cabal denuncia intento de manipulación social
Para la senadora, estos millonarios giros demuestran que el Gobierno de Gustavo Petro no solo está incentivando las marchas con discursos de confrontación, sino también con recursos económicos que benefician directamente a los sectores que lo apoyan. «El respaldo a Petro y su intento de golpe de Estado no es gratuito», afirmó, insinuando que el presidente busca consolidar su permanencia en el poder a través de estrategias que comprometen el erario.
Un momento de alta tensión política
Este señalamiento se produce en un contexto de creciente tensión política tras la alocución presidencial en la que Petro, rodeado de líderes de movimientos sociales, anunció que convocará marchas para promover una consulta popular. El mandatario ha insistido en que su proyecto de reformas estructurales debe ser impulsado desde las calles, un mensaje que la oposición interpreta como un llamado a la agitación social.
Desde el petrismo, la respuesta a la denuncia de Cabal no se ha hecho esperar. Aliados del Gobierno han defendido los giros a los resguardos indígenas como parte de una política histórica de reparación y garantía de derechos. No obstante, la falta de claridad sobre la ejecución de estos recursos y su coincidencia con la convocatoria de marchas deja abiertas dudas sobre la verdadera motivación de estas transferencias.
Mientras el gobierno insiste en movilizar a la calle para defender su agenda, la oposición advierte que estas marchas podrían ser la antesala de un intento de consolidación del poder a través de mecanismos de presión popular.
