Cabal demanda al Gobierno por “impuesto anticipado”: acusa violación a la Constitución y abuso del poder fiscal
La congresista argumenta que el Decreto 0572 de 2025 vulnera el principio de legalidad tributaria al imponer cargas sin aprobación del Congreso, y solicita su suspensión provisional ante el Consejo de Estado.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó este viernes ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional contra el Decreto 0572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República, el cual modifica las tarifas de retención en la fuente y adelanta el recaudo del impuesto de renta. La medida, calificada por la parlamentaria como una “extralimitación inconstitucional del Ejecutivo”, ha encendido alarmas no solo entre sectores políticos opositores, sino también en gremios económicos que ya ven con preocupación el rumbo fiscal del país.
En palabras de Cabal, el decreto representa “un golpe mortal para millones de colombianos” al pretender que se anticipen pagos por rentas aún no generadas, afectando de manera directa a ciudadanos de a pie y a sectores productivos que ya enfrentan condiciones adversas por la elevada carga tributaria. La senadora sostiene que esta medida vulnera principios fundamentales del orden constitucional colombiano, especialmente el principio de legalidad y la reserva de ley tributaria establecidos en el artículo 338 de la Constitución Política, según el cual ningún tributo puede imponerse o modificarse sin aprobación previa del Congreso.
“Estamos ante una clara extralimitación del Ejecutivo que afecta directamente la economía nacional y desconoce la separación de poderes”, declaró la senadora, quien ha sostenido una línea crítica constante frente a las políticas económicas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Pero más allá del debate jurídico, lo que está en juego es el modelo económico de nación que el actual gobierno pretende imponer, uno que, en palabras de la congresista del Centro Democrático, castiga al generador de empleo, asfixia al productor y desprecia la estabilidad empresarial.
Un decreto que agrava la incertidumbre económica
El Decreto 0572 ha generado rechazo entre múltiples sectores, no solo por su contenido, sino también por la forma en la que fue expedido: sin pasar por el filtro del Congreso y en un contexto de desaceleración económica evidente. La medida no solo afecta la planeación financiera de empresas grandes y pequeñas, sino que golpea con especial dureza al agro colombiano, una preocupación reiterada por Cabal en su demanda.
“El Gobierno pretende cobrarse por anticipado una renta que muchos aún no han generado. Es un golpe mortal para quienes generan empleo y producen riqueza en este país”, advirtió la senadora.
En su pronunciamiento público, publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Cabal denunció que este decreto “destruiría las finanzas de sectores productivos y del campo colombiano”, y remató su mensaje con una acusación frontal: “Vamos a defender a los colombianos de este gobierno ladrón que sigue usando el poder para asfixiar al ciudadano, castigar al productor y destruir la economía nacional con medidas arbitrarias e ilegales”.
La estrategia de Petro: recaudo a toda costa
Esta decisión del Ejecutivo se da en el marco de una política fiscal cada vez más agresiva, impulsada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con el objetivo de mantener el equilibrio de las finanzas públicas frente a un creciente déficit. Sin embargo, el camino elegido —adelantar el recaudo de impuestos sin pasar por el Congreso— está siendo duramente cuestionado por su legalidad y su impacto económico.
Para la oposición, el decreto es una clara muestra de la improvisación y del autoritarismo fiscal del gobierno Petro, que en lugar de generar confianza y estabilidad para atraer inversión, impone cargas adicionales que erosionan la ya debilitada economía nacional.
¿Una política fiscal o una medida desesperada?
Los críticos de esta medida argumentan que el gobierno está utilizando el aparato estatal como herramienta de coerción fiscal, trasladando su incapacidad de recortar el gasto público o reactivar la economía hacia quienes producen. Este tipo de decisiones, aseguran, profundiza la desconfianza en el Estado, desalienta la inversión y expone a miles de colombianos a un empobrecimiento forzado por vía tributaria.
Expertos tributarios consultados por medios económicos han advertido que la anticipación del recaudo, más que una herramienta técnica, es un salvavidas desesperado, que podría desincentivar aún más la formalización empresarial y promover la evasión fiscal. “Se está cargando la responsabilidad del equilibrio fiscal en los hombros de quienes sostienen la economía, lo que es insostenible en el largo plazo”, afirman.
La demanda interpuesta ante el Consejo de Estado podría marcar un precedente relevante en la discusión sobre los límites del poder tributario del Ejecutivo. Si se admite la suspensión provisional solicitada por Cabal, el decreto quedaría sin efecto de manera temporal, obligando al gobierno a justificar su legalidad ante los tribunales.
