Falta de gestión y burocracia ponen en riesgo a la ciudadanía ante caída de árboles en el Huila
Las alcaldías a través de las Oficinas de Gestión del Riesgo, la Electrificadora del Huila y la empresa de alumbrado público, son las entidades responsables de la tala, poda y mantenimiento de las especies forestales que se encuentran en riesgo de caída en las zonas urbanas de cada municipio.
A medida que las lluvias continúan azotando el Huila, la caída de árboles en zonas urbanas ha expuesto graves deficiencias en la gestión del riesgo por parte de las autoridades municipales y entidades responsables. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) ha señalado que alcaldías, la Electrificadora del Huila y las empresas de alumbrado público tienen la obligación de realizar la poda, tala y mantenimiento de árboles en riesgo; sin embargo, la realidad demuestra que estas intervenciones se hacen de forma tardía y con trámites burocráticos que ponen en peligro a la comunidad.
La CAM enfatiza que la responsabilidad primaria recae sobre las alcaldías municipales a través de sus Oficinas de Gestión del Riesgo. Sin embargo, el proceso para la autorización de una tala es engorroso y muchas veces las solicitudes de los ciudadanos se encuentran con trabas administrativas que prolongan las intervenciones hasta que el daño ya está hecho.
Los árboles en riesgo, definidos como aquellos que presentan inclinaciones peligrosas, enfermedades o contacto con infraestructura, requieren una atención inmediata. No obstante, la burocracia en la obtención de permisos ha generado que en repetidas ocasiones la comunidad deba lidiar con emergencias sin una respuesta oportuna de las autoridades.
Falta de mantenimiento y coordinación entre entidades
El problema se agrava con la falta de una estrategia coordinada entre las entidades responsables. La Electrificadora del Huila tiene la obligación de intervenir árboles que afectan el cableado eléctrico, pero su actuación depende de la autorización de la CAM, lo que ralentiza los procedimientos. De igual forma, la poda de árboles que afectan la iluminación pública está a cargo de la empresa de alumbrado público, que también requiere permisos previos.
Esta falta de eficiencia ha generado situaciones de alto riesgo en municipios como Neiva, donde la caída de árboles sobre viviendas, vehículos y vías públicas ha provocado múltiples emergencias en los últimos meses. La comunidad denuncia que, en muchos casos, los reportes de árboles en riesgo no reciben respuesta hasta que ocurren accidentes, evidenciando un sistema reactivo en lugar de preventivo.
Propietarios privados y ciudadanos, ¿una carga más?
Otra problemática es la imposición de responsabilidades a los propietarios privados. La CAM establece que si un árbol en riesgo está dentro de un predio particular, el dueño debe costear su tala, con previa autorización de la alcaldía. Sin embargo, si el árbol es frutal, la intervención puede hacerse sin permisos. Estas disposiciones generan confusión y dejan a los ciudadanos en una situación de incertidumbre, pues en muchos casos no tienen los recursos para asumir estos costos ni la capacidad técnica para evaluar el riesgo.
Un problema que se repite cada año
Las caídas de árboles durante la temporada de lluvias no son un fenómeno nuevo en el Huila, pero la falta de mantenimiento preventivo y la ineficiencia administrativa siguen sin resolverse. La CAM insiste en que las alcaldías deben actuar con mayor diligencia, pero el problema de fondo radica en la falta de planificación y ejecución de estrategias de mitigación de riesgos.
Mientras las autoridades se limitan a señalar responsabilidades sin ofrecer soluciones efectivas, la comunidad sigue expuesta a emergencias que podrían prevenirse con una gestión más ágil y eficiente. La pregunta sigue en el aire: ¿Cuántos incidentes más deberán ocurrir antes de que se implemente un verdadero plan de acción?
