Exalcalde Gorky Muñoz y varios funcionarios quedan libres de responsabilidad disciplinaria, mientras persisten interrogantes sobre contratos firmados con polémico empresario cartagenero.

En una decisión que ha generado múltiples reacciones, la Procuraduría General de la Nación ordenó el archivo definitivo del proceso disciplinario que se adelantaba contra el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, y otros seis funcionarios de su administración, por la suscripción y ejecución del contrato de catastro multipropósito con la empresa Unión Temporal AMCI, vinculada al cuestionado empresario William “el Turco” Hilsaca.

La decisión, sustentada en la parte motiva del fallo, pone fin a una actuación que durante meses fue objeto de escrutinio tanto en medios locales como en la ciudadanía, dado el perfil del contratista y las alertas que despertó la millonaria contratación.


El expediente que cierra la Procuraduría

La investigación disciplinaria, radicada bajo el número IUS-E-2023-450073 // IUC-D-2023-3071092, tenía como objeto esclarecer posibles irregularidades en la contratación del catastro multipropósito en Neiva, adjudicado a una unión temporal señalada de tener vínculos con el empresario cartagenero William “el Turco” Hilsaca, quien ha estado vinculado en el pasado a investigaciones por financiación de grupos armados y nexos con estructuras ilegales.

El proceso involucraba, además del exalcalde Muñoz Calderón, a José Eustacio Rivera Montes, director del Departamento Administrativo de Planeación; Angélica Lucía Penados Yunda, directora de Gestión Catastral; Carlos Alberto Ibagón Valderrama y Julio César Ardila Rojas, directores de Prospectiva en diferentes periodos, y Juan Diego Isaza Valderrama, jefe de la Oficina de Contratación.

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Procuraduría respalda legalidad del objeto social de la empresa contratada

Uno de los puntos centrales que sustentó la decisión de archivo fue el análisis jurídico del objeto social de la empresa ESIR S.A.S. E.S.P., sociedad de economía mixta contratada como operador catastral. Según la Procuraduría, la empresa estaba legalmente facultada para desarrollar labores relacionadas con el servicio público de catastro, al incluir en su objeto social el procesamiento de información catastral y el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), tal como se estipula en el literal G del artículo 5 de sus estatutos.

“Ello habilita a la Empresa para el desarrollo de actividades propias del servicio público de catastro, principalmente la conformación, actualización y conservación catastral, habida cuenta que dichas actividades se encuentran ligadas en forma intrínseca al tratamiento de información”, señala expresamente el fallo.

Asimismo, el despacho valoró la experiencia de los socios privados de la empresa mixta. Las sociedades American Lighting S.A.S. y AGM Desarrollos S.A.S., que integraron el Consorcio Neiva Iluminado e Inteligente, fueron seleccionadas como accionistas privados de ESIR S.A.S. E.S.P. y contaban, según la Procuraduría, con experiencia comprobada en actividades relacionadas al catastro multipropósito, conforme a la documentación evaluada por la administración municipal.


El debate sobre la figura jurídica: ¿empresa mixta o industrial y comercial del Estado?

Otro de los cuestionamientos planteados en su momento por ciudadanos y actores políticos locales era la supuesta imposibilidad legal de delegar funciones catastrales a una empresa de economía mixta, en lugar de haber constituido una empresa industrial y comercial del Estado. Sin embargo, la Procuraduría aclaró que la ESIR ya estaba facultada desde sus estatutos para ejercer como operador catastral, por lo que no se requería una habilitación adicional mediante el convenio interadministrativo.

“El municipio de Neiva no facultó a la ESIR mediante el convenio para ejercer la operación catastral; esta, como ya se mencionó, ya estaba facultada para tal fin desde sus estatutos”, concluye el documento.

Con base en este análisis normativo y probatorio, la delegada de la Procuraduría determinó que “las presuntas irregularidades denunciadas no existieron”, y ordenó el archivo del expediente y la terminación del procedimiento contra los funcionarios investigados.


¿Contratos legales pero éticamente cuestionables?

Aunque la decisión implica una exoneración desde el punto de vista disciplinario, persisten las dudas en el ámbito ético y político. ¿Cómo llegó a firmarse un contrato de alto impacto estratégico con una unión temporal que, según investigaciones periodísticas y denuncias ciudadanas, tendría la participación indirecta del “Turco” Hilsaca? ¿Existió alguna indagación seria sobre los antecedentes de la empresa contratista antes de adjudicarle el proyecto?

El contrato de catastro multipropósito en Neiva fue celebrado por más de $8.000 millones de pesos, con el objetivo de modernizar el sistema de gestión catastral de la ciudad. Sin embargo, su ejecución generó inquietudes debido a la presencia, como uno de los socios de la unión temporal, de la empresa AMCI, cuya propiedad ha sido relacionada con estructuras empresariales ligadas a Hilsaca.


Silencio institucional y falta de transparencia

La administración de Muñoz defendió la legalidad del proceso de contratación, alegando que no existían inhabilidades formales en los integrantes de la unión temporal. No obstante, la falta de pronunciamientos contundentes frente a las denuncias públicas y la opacidad en los informes de seguimiento y control han alimentado el manto de duda sobre el proceso.

Con la decisión de la Procuraduría, los implicados quedan exentos de sanción disciplinaria, pero la ciudadanía queda sin respuestas sobre los verdaderos criterios que guiaron la contratación de un servicio estratégico con una empresa de reputación comprometida.


Contexto político: una figura en ascenso, otra en declive

Gorky Muñoz ha sido una figura política de alto perfil en el Huila. Su cercanía con estructuras políticas tradicionales, su estilo populista y su capacidad de movilización le permitieron llegar a la Alcaldía de Neiva en 2020. No obstante, su administración estuvo marcada por polémicas, investigaciones y cuestionamientos, incluyendo contratos con sobrecostos durante la pandemia, adjudicaciones cuestionadas y, en este caso, el contrato con una firma vinculada a Hilsaca.

Mientras tanto, la figura del “Turco” Hilsaca sigue siendo motivo de controversia. Aunque no ha sido condenado por los cargos más graves que se le han atribuido, su nombre aparece recurrentemente asociado a casos de corrupción, clientelismo y vínculos con el paramilitarismo.

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