miércoles, diciembre 17 2025

La precandidata presidencial del Centro Democrático radicó una queja formal contra la ministra (E) de Ambiente, Irene Vélez Torres, acusándola de violar el Código Disciplinario al promover públicamente la consulta interna del Pacto Histórico. Cabal exigió sanciones ejemplares y advirtió que el uso del poder para hacer política “corrompe las instituciones”.

En una nueva ofensiva jurídica y política contra el gobierno de Gustavo Petro, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra Irene Vélez Torres, ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por presunta participación indebida en política.

Según el documento radicado, Vélez habría utilizado su posición institucional para promover públicamente la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el pasado 26 de octubre de 2025, en la que el movimiento definió su candidato presidencial y las listas al Congreso.

En su cuenta de X (antes Twitter), la ministra Vélez publicó:

Faltan dos minutos para las 8 de la mañana y ya van a abrir el punto de votación. Estamos listas para ejercer nuestro derecho a elegir en el Pacto Histórico”.

El mensaje fue acompañado de la frase “Entro a votar, elijo en el Pacto Histórico”, lo que, según Cabal, constituye una clara violación del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, que prohíbe a los funcionarios públicos participar en controversias políticas o promover causas partidistas mientras ocupan un cargo.

“La ley es para todos. Ser petrista no los exime del cumplimiento de la norma”, escribió la senadora al confirmar la radicación de su queja.

Un acto político con recursos del Estado

En la queja dirigida al Procurador General Gregorio Eljach Pacheco, Cabal sostiene que la ministra Vélez incurrió en una conducta “jurídicamente reprochable” al usar su investidura y sus redes institucionales para respaldar una causa política específica.

La senadora recuerda que el Código Disciplinario Único establece con claridad que un servidor público no puede usar su cargo para influir en procesos electorales ni “respaldar causas o campañas políticas”.

“No podemos permitir que los ministerios se conviertan en plataformas electorales del Pacto Histórico. Cada vez que un funcionario usa su cargo para hacer política, erosiona la legitimidad de las instituciones”, afirmó Cabal.

La denuncia detalla que la conducta de Vélez encuadra dentro de las faltas graves tipificadas por la ley, al mezclar funciones públicas con intereses partidistas, una práctica que la senadora calificó como “el mayor síntoma del deterioro institucional que atraviesa el país bajo el gobierno Petro”.

Cabal pide sanción ejemplar

En su petición formal, Cabal solicita a la Procuraduría que abra una investigación disciplinaria inmediata y determine si la ministra (E) incurrió en falta grave conforme a los artículos 38, 39 y 60 de la Ley 1952 de 2019.

De comprobarse la infracción, la senadora exige que se impongan las sanciones correspondientes, entre ellas la suspensión o destitución del cargo, advirtiendo que no puede existir trato diferencial por afinidad política.

“Colombia no puede seguir tolerando funcionarios que confunden el Estado con un comité de campaña. Si la Procuraduría guarda silencio, legitima la impunidad política”, declaró Cabal, quien ha mantenido una postura firme frente a los abusos del actual Gobierno.

Antecedentes y contexto político

Irene Vélez, quien fue ministra de Minas y Energía, ha estado envuelta en varias polémicas durante su paso por el gabinete. En 2023, su gestión fue duramente cuestionada por irregularidades administrativas y por la forma en que gestionó la política energética del país.

Tras dejar esa cartera, el presidente Petro la designó como ministra encargada de Ambiente, decisión que generó críticas entre sectores que la acusan de “premiar la lealtad ideológica por encima de la idoneidad técnica”.

Cabal, quien lidera actualmente las proyecciones internas del Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales de 2026, ha sido contundente en su narrativa contra lo que denomina “el uso clientelista y político del poder por parte del petrismo”.

“El país necesita instituciones que sirvan al ciudadano, no al partido de gobierno. Cada ministro que se convierte en activista es una afrenta a la democracia”, sentenció la senadora.

La queja de Cabal ante la Procuraduría no solo busca sancionar a Irene Vélez, sino también enviar un mensaje institucional: ningún funcionario está por encima de la ley, ni siquiera bajo el amparo del presidente Petro.

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