Nefasto y costoso para el país es el esquema de chatarrización 1 a 1 que el gobierno quiere revivir: Fenalco
Implementar esa práctica provocaría una caída de mínimo el 35% en el mercado.
El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal llamó la atención sobre el impacto que tendrá sobre el sector automotor, uno de los muy costosos compromisos del Gobierno en el marco del pasado paro camionero, que busca restablecer el antiguo esquema de chatarrización 1 a 1, práctica que anteriormente, no sólo fracasó, sino que se caracterizó por los malos manejos y corrupción, incluyendo falsificación de matrículas y reportes fraudulentos de pérdida de vehículos.
“Este esquema de reposición vehicular es nefasto y costoso para el país; generaría un gran impacto en la libre competencia de vehículos de carga y va en contravía de los esfuerzos por modernizar el parque automotor colombiano y contar con una flota más segura y limpia en términos de emisiones ambientales”, afirmó el vocero de los comerciantes.
Ante el escenario de baja competitividad del país, cuyos costos logísticos son un 30% más altos que los de la OCDE, la implementación de este proyecto presionado por los gremios camioneros agravaría significativamente la situación.
Además de la obligación de chatarrizar, el proyecto de decreto exige el pago del 5% sobre el valor de los vehículos, lo cual genera una situación aún más gravosa para todos los participantes en el mercado, claro golpe para la comercialización de vehículos de carga, segmento que lleva más de dos años en caída.
Tal como lo señaló hace unos años la Superintendencia de Industria y Comercio, este esquema de reposición para vehículos de transporte público y privado de carga, riñe con los principios del libre comercio aprobados en los Tratados de Libre Comercio TLCs y va en contravía de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE.
Según cálculos de FENALCO, la demanda de vehículos de Peso Bruto Vehicular entre 7.500 y 10.500 kg disponibles para chatarrización aumentaría y no habría suficientes unidades para cumplir con el requisito de la reposición, impulsando inmediatamente un incremento en el precio de estos. “El alza sin duda generaría costos adicionales significativos para las empresas de transporte, especialmente para las pequeñas y medianas que podrían no disponer de recursos para chatarrizar vehículos con precios inflados por la escasez y alta demanda y tampoco para comprar uno nuevo. Esta falta de unidades de vehículos para desintegrar, provocaría una caída de mínimo el 35% en el mercado”.
“El Gobierno no puede seguir actuando de manera improvisada, desconociendo la seguridad jurídica que requieren los empresarios, importadores, inversionistas y comerciantes, para que sus operaciones no se vean afectadas por esta clase de medidas cualquier modificación de las normas de esta industria, se debe garantizar una planeación adecuada, ya que esta cadena de suministro realiza pedidos con mínimo 6 a 12 meses de anticipación”, concluyó Cabal Sanclemente.
