Cabal demanda nulidad del decreto que convoca consulta popular: Petro rompió el orden constitucional
La senadora y aspirante presidencial María Fernanda Cabal presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el Decreto 639 de 2025, expedido por el gobierno de Gustavo Petro, al considerar que este vulnera abiertamente la Constitución y atropella la separación de poderes. “Cuando un presidente actúa por encima de la ley, se convierte en un riesgo para el Estado de Derecho”, advirtió.
En una decisión que marca un nuevo capítulo de tensión institucional en Colombia, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal interpuso una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto 639 del 11 de junio de 2025, por medio del cual el presidente Gustavo Petro convocó una consulta popular sobre la reforma laboral, ignorando de forma deliberada la negativa del Senado y rompiendo el orden constitucional.
La acción judicial, radicada ante el Consejo de Estado, denuncia que el Gobierno Nacional actuó sin contar con el concepto previo y obligatorio del Senado de la República, condición impuesta por el artículo 104 de la Constitución Política y la Ley 1757 de 2015.
El pasado 14 de mayo, el Senado rechazó de manera formal la solicitud del Ejecutivo para convocar la consulta. Pese a ello, el presidente Petro decidió seguir adelante, firmando el decreto acompañado por todos sus ministros, en una maniobra que Cabal califica de “abiertamente autoritaria”.
“La Constitución no es un obstáculo: es el límite que protege la libertad. En estos momentos, defender la democracia no es una alternativa, sino un deber. Lo que ha hecho Gustavo Petro es usurpar funciones del Congreso y quebrantar el principio de legalidad que sustenta nuestra democracia”, declaró la líder opositora a través de su cuenta de X.
La demanda argumenta, entre otros puntos clave, que el Ejecutivo no tiene competencia constitucional para expedir unilateralmente un decreto de consulta popular sin el aval del Senado. Al hacerlo, señala Cabal, el presidente está extralimitándose en sus funciones, actuando en contravía de la Constitución Política de Colombia y vulnerando el equilibrio de poderes.
Entre las solicitudes de la demanda se encuentra la suspensión provisional del Decreto 639 como medida cautelar, para evitar que se consume una violación grave del orden constitucional. “Es indispensable frenar este abuso antes de que sus efectos sean irreparables. Lo que está en juego no es simplemente una reforma laboral: es la supervivencia misma del Estado de Derecho”, advirtió la senadora.
¿Golpe institucional disfrazado?
Para la congresista del Centro Democrático, lo ocurrido con el Decreto 639 representa un intento deliberado del Gobierno de imponer su agenda reformista por fuera de los canales democráticos. “Petro no busca consenso, busca imposición. La negativa del Senado fue clara y legítima, pero en lugar de acatarla, el presidente decidió pasar por encima del Congreso, como si este fuera un obstáculo menor. Esa no es la actitud de un demócrata. Esa es la conducta de quien ya no cree en la Constitución”, sentenció Cabal.
Desde su llegada al poder, Gustavo Petro ha recurrido en múltiples ocasiones a estrategias de presión sobre el Legislativo para sacar adelante su paquete de reformas. Sin embargo, el Congreso ha rechazado varias de sus propuestas, incluyendo la reforma laboral, que fue archivada por la Cámara de Representantes y luego rechazada en su convocatoria a consulta por el Senado. La decisión del Ejecutivo de insistir en la consulta, a pesar de no tener el aval requerido, podría abrir la puerta a una nueva crisis institucional.
Garantes del orden democrático
Con esta demanda, María Fernanda Cabal se consolida como una de las voces más firmes en la defensa del orden constitucional frente a lo que ella denomina una “deriva autoritaria” del gobierno Petro.
“La historia juzgará a quienes, teniendo el deber de defender la Constitución, guardaron silencio. Yo no pienso hacerlo. Defender la democracia exige valentía, y hoy más que nunca debemos levantar la voz ante quienes pretenden pisotear la ley en nombre de una falsa legitimidad popular”, afirmó.
La demanda interpuesta por Cabal podría convertirse en un caso emblemático para definir los límites del poder presidencial en Colombia y reafirmar el papel del Congreso como órgano de control y deliberación. Mientras tanto, la controversia continúa escalando, con sectores del Gobierno que defienden la consulta como un mecanismo de participación directa y críticos que ven en ella una herramienta para saltarse al Congreso y manipular la voluntad popular.
El país entra así en una nueva etapa de confrontación jurídica y política, en la que se medirá no solo la constitucionalidad de un decreto, sino la fortaleza de la democracia frente al avance de decisiones unilaterales desde el Poder Ejecutivo.
