Tras el atentado contra Miguel Uribe, la aspirante presidencial María Fernanda Cabal reveló que se implementará una estrategia de protección para congresistas y precandidatos, mientras lanzó una dura crítica a la Fiscalía por archivar amenazas y advierte que, a diferencia del presidente Petro, ella sí confía en la Policía Nacional.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció este miércoles que las autoridades reforzarán los esquemas de seguridad para los dirigentes del Centro Democrático, luego del atentado perpetrado contra el también precandidato Miguel Uribe Turbay.

El anuncio se dio tras una reunión de alto nivel con el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional. Pero más allá de los anuncios, Cabal lanzó una advertencia contundente al país: el Centro Democrático está bajo ataque y el Estado ha sido, hasta ahora, negligente y complaciente frente a las amenazas.

En sus declaraciones a medios, la senadora no se guardó nada. “Hemos estado varios de nosotros expuestos desde hace mucho tiempo a amenazas, amenazas peligrosas, amenazas reales. Todo esto está documentado en computadores incautados a distintos grupos criminales”, afirmó con tono firme y desafiante.

En un país donde la violencia política ha sido normalizada por sectores que dicen defender la paz, el mensaje de Cabal es claro: los enemigos de la democracia están envalentonados y la institucionalidad ha fallado en su deber de protección.

Yo sí confío en la Policía Nacional

La senadora expresó satisfacción con la estrategia acordada junto al ministro del Interior y el general Carlos Fernando Triana Beltrán, actual director de la Policía Nacional, en contraste con su desconfianza absoluta hacia el presidente Gustavo Petro. “A diferencia del presidente Petro, yo sí confío en la Policía Nacional y en la experiencia de este general”, afirmó sin titubeos.

Sus palabras no solo respaldan a la cúpula policial, sino que marcan una línea directa de confrontación política con el jefe de Estado, a quien Cabal ha acusado reiteradamente de debilitar el orden institucional.

Según explicó la líder opositora, se creará un comité especializado para vigilar y acompañar los desplazamientos de senadores, representantes y precandidatos del Centro Democrático, con información en tiempo real y respaldo de inteligencia. Se asignará un coronel de la Dirección de Protección (DIPRO) que será un contacto permanente para atender cualquier alerta en sus viajes por el territorio nacional.

Desidia judicial

Pero no se trata solo de escoltas. Para Cabal, la raíz del problema está en la desidia judicial, particularmente en la Fiscalía General de la Nación. “Le quiero hacer un llamado a la Fiscalía, porque yo he sufrido esto hace mucho tiempo. Solamente logré que un fiscal hiciera un allanamiento y lograran la captura de un personaje de la primera línea. De resto, todo se archiva y se queda en el olvido”, denunció. Lo que describe la senadora no es una falla administrativa; es una estructura de impunidad institucionalizada.

Cabal fue más allá al proponer la reactivación de una unidad especializada contra amenazas y otra de falsos testigos dentro de la Fiscalía. “La Fiscalía tuvo hace tres años una unidad de falsos testigos que fue extraordinaria y prácticamente la desmantelaron. Hay que generarla nuevamente, firme y fuerte. Se los digo por experiencia. Con esto usted corta de raíz lo que sean falsas denuncias, falsas amenazas y le da tránsito a lo que puede implicar una amenaza a la vida”, puntualizó.

El mensaje de fondo es alarmante: hay una sistematicidad en las amenazas contra la oposición, particularmente contra quienes representan la derecha en Colombia, y las instituciones judiciales han sido ineficaces o simplemente indiferentes.

Acción real y eficaz del Estado

El atentado contra Miguel Uribe Turbay no es un hecho aislado. Se suma a una creciente ola de intimidaciones contra figuras visibles del uribismo, que en medio del discurso oficial de la “paz total” se convierten en blanco fácil. Mientras tanto, sectores radicales se sienten legitimados, cuando no directamente protegidos, por un gobierno que ha sido ambiguo y permisivo frente a la violencia política disfrazada de activismo.

El refuerzo en la seguridad es un paso necesario, pero claramente insuficiente. Cabal lo sabe. La senadora no solo exige más escoltas o blindajes; exige acción real y eficaz del Estado. Exige que el aparato judicial deje de ser un espectador pasivo —o cómplice— del deterioro democrático.

En un país donde el discurso oficial premia a los victimarios y estigmatiza a quienes piensan distinto, la voz de María Fernanda Cabal suena como una alarma que muchos prefieren ignorar. Pero tras cada amenaza y cada atentado, hay una verdad que retumba: el Estado colombiano está dejando solos a quienes se atreven a denunciar, a confrontar y a defender sus ideas en medio del fuego cruzado.

La pregunta que queda sobre la mesa es si esta reacción institucional llega por convicción o por vergüenza tras un atentado fallido que pudo terminar en tragedia. Y lo que es aún más grave: ¿cuántos más tendrán que estar en la mira para que el Estado recupere su función esencial de garantizar la vida y la libertad política de todos los colombianos, sin sesgos ni ideologías?

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