Cabal denunció fracaso del programa “Pagar por no matar” del gobierno Petro; han derrochado más de $9000 millones
Según la precandidata presidencial, el plan, que apenas ha alcanzado al 3 % de su meta inicial, carece de transparencia y resultados efectivos en la reducción de la criminalidad, particularmente en regiones como el Chocó.
La senadora María Fernanda Cabal lanzó una fuerte crítica al programa del presidente Gustavo Petro denominado informalmente «Pagar por no matar». Este plan, promovido por el Gobierno Nacional como una medida para reducir la criminalidad, ha sido objeto de cuestionamientos debido a su implementación y resultados.
Según la senadora, entre mayo y octubre de 2024, el Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) desembolsó $9.366.600.000 a 2962 jóvenes, entre los 14 y 28 años, que forman parte de bandas criminales o son susceptibles de ser reclutados por estas.
En su cuenta de X compartió datos que, según ella, evidencian el gasto desproporcionado y la falta de eficacia del programa. Entre los beneficiarios, 862 son menores de edad, quienes recibieron un total de $2.707.600.000.
La senadora cuestiona cómo se garantiza que estos menores realmente estén recibiendo los fondos y no estén siendo manipulados por terceros, como líderes de las mismas bandas.
El programa, que originalmente buscaba impactar a 100.000 jóvenes en el país, apenas ha alcanzado a un 3 % de esa meta, con beneficiarios en solo seis ciudades. Quibdó, en el departamento del Chocó, concentra la mayor cantidad de inscritos.
Cabal señaló la necesidad de analizar si medidas como esta han reducido la criminalidad en la región, especialmente en lugares como Chocó, que registran altos índices de violencia.
¿Un gasto sin resultados?
Cabal cuestionó duramente los objetivos del programa:
“¿Por qué no darle empleo o acceso a la educación en lugar de simplemente transferirles dinero?”, expresó.
Además, la senadora sugiere que la política no solo es ineficaz, sino que podría estar promoviendo incentivos perversos al recompensar a quienes están vinculados a actividades ilícitas.
Según Cabal, la criminalidad en las regiones impactadas no muestra disminuciones significativas que justifiquen este gasto.
Críticas al enfoque de la administración Petro
La senadora ha sido una crítica constante de las políticas de seguridad y los programas sociales del gobierno Petro.
En este caso, el programa «Pagar por no matar» se suma a una serie de iniciativas gubernamentales que han sido señaladas por su falta de transparencia, planificación y resultados.
Desde el anuncio inicial de esta estrategia en Buenaventura, el gobierno buscaba implementar medidas para prevenir que jóvenes se involucraran en actividades delictivas, particularmente en regiones con altos índices de reclutamiento criminal.
Sin embargo, Cabal denuncia que esta política se ha convertido en un derroche de recursos públicos que no ataca las causas estructurales de la delincuencia, como la falta de empleo, acceso a educación y oportunidades de desarrollo.
El gobierno, por su parte, ha defendido el programa argumentando que forma parte de una estrategia integral de prevención, enmarcada en su política de «Paz Total».
No obstante, hasta el momento, no se han presentado informes detallados sobre el impacto del programa en la disminución de la violencia o el desmantelamiento de estructuras delictivas.
Mientras tanto, sectores de la oposición, como Cabal, insisten en que el enfoque asistencialista de transferencias monetarias directas no es una solución sostenible ni efectiva. Al contrario, argumentan que perpetúa una dependencia económica y no genera cambios reales en las condiciones de vida de los beneficiarios.
¿Qué sigue para el programa?
Con las críticas acumulándose, la administración Petro enfrenta una creciente presión para justificar los resultados de sus políticas sociales y de seguridad.
En el caso específico de «Pagar por no matar», el desafío radica en demostrar que las transferencias monetarias no solo previenen la vinculación de jóvenes al crimen, sino que también contribuyen a su reintegración social.
Por ahora, la denuncia de María Fernanda Cabal pone nuevamente en el centro del debate público el uso de recursos públicos y la efectividad de las políticas de seguridad del gobierno Petro.
