El Ministerio de Hacienda publicó un polémico borrador de decreto que obligaría a las empresas de varios sectores a pagar anticipadamente parte del impuesto de renta correspondiente a 2026, con el objetivo de cubrir necesidades fiscales del próximo año. La senadora María Fernanda Cabal arremetió contra la medida y acusó al Gobierno Petro de hipotecar el futuro económico del país.

El Ministerio de Hacienda dio a conocer esta semana un proyecto de decreto con el que busca modificar el calendario de pagos del impuesto de renta para las grandes empresas, obligándolas a adelantar durante 2025 parte del tributo que, en condiciones normales, se liquidaría y pagaría en 2026. La medida aplicaría principalmente a compañías de sectores como hidrocarburos, agroindustria, salud y comercio, lo que podría tener un impacto financiero importante sobre el flujo de caja de estas actividades estratégicas para la economía nacional.

Según lo señala el borrador del decreto, el objetivo es “disminuir el impacto en la caja que generarán estas disposiciones en la vigencia 2026 sobre las empresas y permitir una distribución del recaudo en diversos pagos durante la vigencia 2025”. En otras palabras, el Ministerio pretende anticipar ingresos para sostener las finanzas del Estado el próximo año, aún si ello significa debilitar la caja del siguiente gobierno.

La cartera económica justifica la propuesta señalando que en lo corrido de 2024 se observa una “clara senda de reactivación” económica, con un crecimiento del PIB real tres veces superior al de 2023. Sin embargo, expertos en materia fiscal y tributaria advierten que el comportamiento positivo podría no sostenerse, especialmente por la caída en los precios internacionales del petróleo, y que recurrir a adelantos tributarios es una medida riesgosa que genera un desfase estructural en el recaudo.

Además, el documento señala que “existe una brecha significativa entre las autorretenciones y el impuesto a cargo” en múltiples sectores económicos, lo que impide al Estado capturar de forma oportuna los recursos que considera necesarios para su funcionamiento. La solución propuesta es elevar las tarifas de autorretención para cerrar esa brecha y anticipar el recaudo.

Sin embargo, la estrategia no es nueva y ha generado efectos adversos en el pasado reciente. En 2023, el Ministerio decretó un anticipo elevado del impuesto de renta, medida que contribuyó al desajuste fiscal de 2024. A pesar del esfuerzo de recaudación, el Gobierno enfrentó una crisis de caja este año y no logró cumplir la meta tributaria, situación que afectó la ejecución presupuestal y obligó a recortes en sectores clave.

Frente a este nuevo intento de anticipar ingresos fiscales, la senadora María Fernanda Cabal, una de las principales voces de la oposición y férrea crítica de la política económica del Gobierno Petro, reaccionó con contundencia a través de su cuenta de X (antes Twitter):

“Esto no es otra cosa que ‘pan para hoy y hambre para mañana’. Lo que pretende el Ministerio de Hacienda es que las empresas paguen en 2025 el impuesto de renta que corresponde al 2026, generando un enorme daño al próximo gobierno.

Este tipo de maniobras fiscales son irresponsables y peligrosas. Están hipotecando el futuro económico de Colombia para tapar su incapacidad de cumplir con las metas de recaudo”, denunció la congresista del Centro Democrático.

El anuncio ha generado preocupación en los gremios empresariales, que han advertido sobre los efectos negativos que un nuevo anticipo tendría sobre la planificación financiera de las compañías, especialmente en un contexto de bajo crecimiento, reducción del consumo y alta incertidumbre regulatoria.

Expertos en política fiscal coinciden en que la medida constituye una solución de corto plazo que puede agravar el problema estructural del déficit público. “Estamos hablando de trasladar el hueco fiscal al siguiente gobierno, lo que podría significar nuevos recortes, más impuestos o un mayor endeudamiento en 2026”, señaló un analista tributario consultado.

En medio de las tensiones políticas y fiscales, el Ministerio de Hacienda aún debe abrir el proceso de comentarios públicos al decreto. De aprobarse, esta decisión marcaría un precedente en la política tributaria del país y podría generar un debate nacional sobre la sostenibilidad del modelo fiscal implementado por el Gobierno de Gustavo Petro.

Mientras tanto, la senadora Cabal insiste en que esta es una maniobra contable para maquillar una realidad fiscal insostenible. “No hay reactivación que valga si el modelo económico está diseñado para castigar a quienes producen y generan empleo. Esto no es justicia tributaria, es desesperación fiscal”, concluyó.

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